Celebrar las Constituciones es algo de lo más habitual en casi todos los países; una fecha complementaria a las de las Revoluciones y las de la Independencia y que vienen muy bien para recordar la vigencia de las mismas y sus propósitos, así como los consensos que la propiciaron.

La actual Constitución Política del Estado pasa por ser una de las más amplias del mundo, y fue aprobada por el 61,53% de los bolivianos el 25 de enero de 2009. Después fue puesta en vigencia el 9 de febrero a través de su promulgación, sin embargo, en años siguientes no se tuvieron en cuenta estos detalles y se optó por declarar feriado el día en el que el gabinete de Evo Morales tomaba posesión y no el de la elección, que es cuando realmente el soberano determinó un cambio de época.

El problema de la Autonomía no es lo que de ella dice la Constitución, sino la aplicación represiva y restringida que de ella hizo el Movimiento Al Socialismo. Lo mismo pasa con todo lo que refiere a industrialización, derechos de la madre tierra, pueblos indígenas o derechos ciudadanos

Este tipo de pecados tan personalistas son los que al final han acabado condenando el régimen de Evo Morales, que, en lugar de transitar hacia un modelo más horizontal, extendiendo convicciones políticas, lo encomendó todo al caudillismo del liderazgo.

Es posible que Bolivia esté ahora ante la oportunidad de corregir ese error histórico para poder apuntalar una Constitución que fue aprobada por más del 60 por ciento de la población y que fue fruto de un largo proceso de concertación con las autonomías, muchas veces muy violento, pero que marcó una vuelta de tuerca y un horizonte que está muy lejos de ser alcanzado.

El problema de la Autonomía no es lo que de ella dice la Constitución, sino la aplicación represiva y restringida que de ella hizo el Movimiento Al Socialismo. Lo mismo pasa con todo lo que refiere a industrialización, derechos de la madre tierra, pueblos indígenas o derechos ciudadanos, que necesariamente deben ser ampliados. El problema no es de la Carta Magna, y la Carta Magna no es propiedad de un partido, como quedó claro en primavera luego del intento de violentarla.

Hace bien el Gobierno desoyendo las presiones y fijando un acto protocolar en enero, donde evidentemente la Presidenta dará un mensaje, pero difícilmente un amplio informe de gestión. Bolivia y su Constitución están por encima de los intereses partidarios y políticos de unos y otros, y siempre es bueno recordarlo, ajustando la fecha a lo pertinente. Después vendrán las elecciones, y quienes quieran hacer cambios de fondo en el marco constitucional, deberán explicitarlo entonces.