La nueva administración en pocos días fue reconocida por la inmensa mayoría de naciones de la comunidad mundial (excepto unas pocas) e, implícitamente, ha sido reconocida también hasta por los congresistas del MAS, que poco tiempo después de los sucesos de noviembre regresaron a sus curules e iniciaron una labor conjunta positiva con el Ejecutivo entrante, a los fines de ingresar a un periodo preelectoral para llamar a nuevas elecciones luego del monumental fraude del pasado 20 de octubre, procedimiento delictivo que ante la ira del pueblo y la movilización ciudadana consiguiente, terminó precipitando la renuncia de Evo Morales y luego su huida al exterior.

Tras casi 14 años de suma del poder público -en lo que fue en la práctica una dictadura populista- Bolivia ha iniciado poco a poco un positivo proceso de reinstitucionalización, con amplia libertad de prensa, división de poderes, regreso paulatino de los exiliados y una justicia que progresivamente se va desprendiendo de las aberraciones del reciente pasado dictatorial. También ya se anunció que las nuevas elecciones tendrán lugar el domingo 3 de mayo de 2020. Todo camina en forma pacífica y con normas legales que apoyan el positivo proceso, más he aquí que rumores amenazadores e indebidas acciones no faltan.

Ahora, a menos de dos semanas del 22 de enero, circula en redes y en algunos espacios políticos la versión de que debe terminar el mandato de la presidenta Áñez. Y esto viene acompañado por versiones de probables acciones de toda naturaleza, las que están confundiendo a la opinión pública, provocando alarma entre la inmensa mayoría de la bolivianidad que ahora quiere tranquilidad para trabajar y proseguir con el proceso electoral, ya definido para la elección de las nuevas autoridades nacionales.

También surgieron amenazas de protestas no pacíficas, específicamente de parte del máximo dirigente de los cocaleros de Chapare, Andrónico Rodríguez. Obviamente, tanto ruido genera inquietud en la ciudadanía y no es para menos porque hace escasas semanas el país era testigo de gritos que llamaban a la “guerra civil”. 

En el Movimiento Al Socialismo hay un sector intransigente que insiste en que hubo “golpe de Estado”, que niega los muertos a bala del régimen de Morales en Montero y que atiza el ambiente para generar caos con la esperanza de que retorne el expresidente renunciado. En contrapartida, hay un sector demócrata que es menos ruidoso y que ha llamado a la calma en la etapa preelectoral.

En ese clima de inquietud social, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de decir si es o no es constitucional una ley que prorrogue el mandato de los asambleístas legislativos y de la presidenta Jeanine Áñez. 

Hay que recordar que este es un Gobierno de transición, cuya misión fundamental es la convocatoria y la realización de elecciones nacionales transparentes, de manera que se pueda entregar el mando a una autoridad democráticamente elegida. Ya antes Bolivia tuvo un Gobierno de transición en 2005, presidido por Eduardo Rodríguez Veltzé. En esa oportunidad no se convulsionó el país porque Evo Morales era candidato; ahora que no lo es, él es el principal instigador de la violencia, sin importar normas ni respetar a los bolivianos.

Los que alimentan el ruido de la guerra son los que ganan con ella y se asfixian en la paz. No hay que hacer caso de estos llamados irresponsables. Bolivia debe caminar firme hacia la democracia y la libertad.