Tanto el Tribunal Supremo Electoral como los departamentales han empezado a funcionar bajo una especie de tensa “pax romana” en la que las buenas voluntades se sobreponen a los presagios, e incluso a las evidencias.

La fecha electoral está fijada para el 3 de mayo, una fecha que ha apurado al máximo los plazos pese a que inicialmente se hablaba de una elección acelerada, y que hoy sigue entrañando riesgos para la seguridad.

Lo sucedido el 20 de octubre, unido a los antecedentes del propio tribunal en su toma de decisiones – interpretando aquella sentencia constitucional que habilitaba a Evo sin realizar la consulta específica – ha golpeado los pilares de la propia democracia boliviana, y ha convertido en macabro argumento los viejos adagios y chistes sobre la relevancia de quién cuenta los votos o sobre el momento en que se definen los resultados.

Que en la mayoría de los tribunales se haya elegido como presidente o presidenta al vocal designado por la Presidenta del Estado Plurinacional, Jeanine Áñez, no contribuye en demasía a la voluntad de independencia que se supone se busca en este nuevo envite electoral. En cualquier caso, puede venir a corregir el desequilibrio que genera la implantación territorial del MAS, que controla las Asambleas Departamentales y que se han impuesto en las nominaciones.

El sistema electoral boliviano, a pesar del fiasco del 20 de octubre, viene a ser uno de los más fiables del mundo en la medida en que todo el proceso es público y cualquier ciudadano puede acceder a los datos de las actas originales en los propios recintos de votación. Otra cosa es que ni siquiera los partidos de aquellos que querían ser Presidentes pudieran acceder a todos los resultados y las actas por una evidente debilidad estructural.

Los sucesos de octubre evidenciaron vacíos en materia de seguridad y resguardo del material electoral, tanto en el traslado como en la custodia, pero el problema esencial estuvo en la manipulación informática y en la ausencia de transparencia.

El sistema de Transmisión Rápida de Datos es uno de los mejores avances en esta materia, pero su manipulación discrecional acabó haciendo volar por los aires toda la jornada. El nuevo TSE debe ser capaz de generar los mecanismos para que el TREP vuelva a ser confiable, pero también de garantizar que otros sistemas independientes acceden a esa información primigenia, y la pueden contabilizar de manera autónoma.

El desafío ya está sobre la mesa. Bolivia debe recuperar su institucionalidad a través de un gobierno electo en las urnas, que tenga la legitimidad para tomar decisiones de corto y largo plazo. El Tribunal Electoral debe contribuir como el que más a esa misión que es clave para el Estado y para todos los bolivianos. Es necesario que esta vez todo salga bien, transparentemente y que nadie agite los fantasmas. Esperemos que todos hayan tomado nota de lo sucedido.