Sin embargo, el gobierno de Jeanine Áñez tiene aún algunas dificultades legislativas y legales que solucionar y que están en conocimiento del Tribunal Constitucional, como los proyectos de Ley de Garantías que otorga amnistía a exautoridades, el Proyecto de prórroga de funciones de asambleístas y otros funcionarios del régimen depuesto y uno tercero, referido a la consideración del texto de la renuncia a su mandato del expresidente Morales.

Al respecto, el recurso de consulta referido al prorroguismo de diputados, senadores, gobernadores y altos funcionarios electos, fue admitido por el Tribunal Constitucional que, a corto plazo, deberá emitir una resolución que dé paso al Órgano Legislativo para su consideración, aprobación o rechazo.

En particular, el proyecto de ley prorroguista fue recibido por la opinión pública con visibles muestras de disgusto y rechazo, como de satisfacción por parte de la burocracia parlamentaria y ejecutiva del país, así como de sectores conservadores defenestrados el 20 de noviembre.

Quienes son partidarios del prorroguismo argumentan, entre otras cosas, que su mandato debe prorrogarse hasta que un nuevo gobierno sea elegido en las próximas elecciones y solo ser sustituidos en sus funciones por los nuevos ciudadanos electos; que se tiene leyes en estudio; que la insurrección del año pasado no les afectó en absoluto; que el levantamiento social se limitó a expulsar del poder a Evo Morales, etc.

Por otra parte, la oposición al prorroguismo se ha levantado indignada, con enérgicas formas de oposición y considera que dicho proyecto es inconstitucional; que asambleístas actuales cesan fatalmente en su mandato el 22 de enero próximo.

Varios organismos partidarios, sociales, culturales, etc. también se han manifestado para que dicha proposición de continuismo no sea siquiera puesta en consideración, ya que la revolución de noviembre no se limitó a expulsar al primer mandatario, sino que se extendió a todo su partido y, además, ya lo hizo el referéndum del 21 de febrero de 2016, plebiscito consolidado por el levantamiento del año pasado.

Se añade que de producirse esa prórroga solo en el ámbito parlamentario, el pueblo boliviano, por medio del Estado, gastará Bs.22.525 al mes por asambleísta titular, lo que por salarios de siete meses, de enero a junio, significaría la erogación total de nada menos que Bs. 157.675 por titular. La suma total destinada a los titulares sería de Bs. 26.174.050 en siete meses. Además de ese gasto para los titulares, también percibirán sueldos, etc. los suplentes, lo que significará el gasto total de Bs. 8.724.296.

¡El total que significaría la prórroga parlamentaria pasaría de los 35 millones de bolivianos!