La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, deploró ayer la contradicción en la que, según ella, cae la oposición al defender, por un lado, los derechos políticos de la ex diputada Rebeca Delgado y demandar, por el otro, el veto a la postulación de Morales en las elecciones de 2019.

Delgado, así como el disidente Eduardo Maldonado, demandó al Estado ante el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que ordenó el pago de un resarcimiento económico por haberse violado sus derechos políticos al no haberle permitido ser candidata en 2015.

Montaño señaló que "hay una absoluta lectura contradictoria por parte de la oposición", porque busca a organismos internacionales para vulnerar los derechos políticos de Morales, habilitado de por vida a postularse a la Presidencia mediante un polémico fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, pese a que la Constitución Política del Estado lo prohíbe expresamente.

Dicen "se está vulnerando derechos" porque Delgado no pudo presentarse como candidata habiendo sido antes parlamentaria nacional, pero olvidan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU "para decirle no al presidente Evo Morales", explicó.

El vicepresidente Álvaro García afirmó la noche del miércoles que la continuidad del actual Gobierno a la cabeza de Morales es “definitiva” para consolidar el crecimiento y los proyectos de largo plazo en el país. Destacó que la estabilidad de los últimos 12 años tuvo un efecto altamente positivo.

MÁS REACCIONES

El ministro de Justicia, Héctor Arce, afirmó que el dictamen del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, no es vinculante para dos órganos del Estado, el Ejecutivo y Legislativo, pero sí toca a los anteriores tribunales Electoral y Constitucional.

"Este no es un tema que sea vinculante para el Órgano Ejecutivo ni para el Órgano Legislativo, en todo caso, por lo que entiendo, es un tema que vincula por una circular o una resolución al anterior Tribunal Supremo Electoral y al anterior Tribunal Constitucional por una supuesta dilación en la tramitación de un recurso", explicó.

Consultado sobre una futura compensación económica para la ex Presidenta de Diputados y el ex senador Maldonado, vetados de ser candidatos en 2015 por un polémico reglamento electoral, el titular fue cauto y pidió consultar a la Procuraduría General del Estado.

"No conozco la determinación, lo que hemos conocido es que es una situación de esta naturaleza", agregó.

El miércoles, Delgado, denominada "librepensante", que se distanció del MAS antes de terminar su mandato, responsabilizó a los entonces vocales del Tribunal Electoral, a dos autoridades judiciales y también a Arce por la vulneración de sus derechos.

El procurador Pablo Menacho se limitó el mismo día a señalar que "las modalidades de cumplimiento del dictamen las vamos a analizar todavía, eso es un proceso que nosotros vamos a hacer", anticipando que se evaluará "algún tipo de repetición de pago".

Además del resarcimiento económico, el Comité de la ONU impuso a Bolivia "la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, asegurando que el marco normativo regulador del proceso electoral y la aplicación del mismo sean acordes con el artículo 25 del Pacto".