Medio: La Razón
Fecha de la publicación: martes 07 de enero de 2020
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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Una cualidad imprescindible de la democracia es la deliberación pública sobre asuntos de preocupación colectiva. La necesidad de tal ejercicio de conversación, que debe ser plural, es más evidente en procesos electorales. Es fundamental que en los comicios haya debates entre las y los candidatos. La interrogante es si tal debate puede imponerse, por ley, como una obligación.
Contenido
La semana pasada, el Ejecutivo mandó a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para incluir dos artículos en la Ley del Régimen Electoral, a fin de imponer la obligatoriedad de los debates electorales. Se busca que tanto los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia del Estado debatan, por separado, entre ellos. La organización y ejecución de las discusiones estaría a cargo del TSE. Y los medios de comunicación del Estado harían transmisión en vivo.
Si bien la iniciativa legislativa no cuenta con una exposición de motivos, su propósito es sin duda relevante: generar espacios de debate político entre los principales candidatos que compiten en elecciones generales. Ello contribuiría a que las y los votantes tengan más elementos de información para definir y/o reafirmar sus preferencias electorales. Además, por la vía de la exposición y contrastación, se podrían conocer directamente las ofertas programáticas de los partidos y de las organizaciones políticas.
Lo que está en cuestión es la obligatoriedad del debate electoral. No hay una regla uniforme al respecto. Algunas legislaciones incluyen la realización de debates como requisito de participación en los comicios. Otras, como la boliviana, no contemplan nada al respecto. ¿Cuán democrático es obligar a debatir en un formato predeterminado? Si un candidato decide no participar, ¿tiene sanciones? Igual es curioso que los candidatos a gobernadores y alcaldes no estén incluidos en el proyecto de ley.
En el caso que nos ocupa, si bien el proyecto de ley delega al TSE la planificación y organización de los debates, no hay indicaciones sobre la modalidad y condiciones de tales encuentros. Se supone que participan todos los candidatos (no solo los mejor situados en las encuestas). Se asume también que deben acordarse previamente los temas de debate (que sea programático), y reglamentar cuestiones de procedimiento. Y se espera que estos eventos sean de consumo mediático, con rango de espectáculo.
Más allá de la innegable necesidad e importancia de que en democracia haya muchos espacios de deliberación pública, y del carácter obligatorio o facultativo del debate electoral, se trata en rigor de un tema de cultura política.
