Las conclusiones, recogidas sobre la base de las observaciones y análisis de 201.000 estudios de caso, provenientes de encuestas repetidas, en 61 elecciones y nueve países alrededor del mundo desde 1952, permiten entender la formación de decisión electoral y preferencias políticas durante la campaña electoral y evaluar cómo los debates televisivos contribuyen a este proceso.

El debate presidencial entre John Fitzgerald Kennedy y el incumbente Richard Nixon en 1960 inauguró la era de los debates televisados y también la controversia acerca de su impacto en los procesos electorales y, siendo que Joseph Napolitan, director de campaña de Kennedy, fue además fundador de la consultoría política, esta polémica ha dividido a su “descendencia” académica en dos posturas.

Los hallazgos del estudio “Formación de preferencia electoral y mínimo efecto del debate televisivo”, saldarán en buena parte ese prolongado debate al interior de las escuelas de comunicación política, donde la primacía o la subsidiariedad de los eventos electorales mediáticos en la formación de la decisión final de los electores es aún tema de controversia.

Una postura sostiene que las semanas previas a una elección son un periodo crucial pues la campaña de los candidatos y los debates confrontándolos dan al elector información crítica para tomar decisiones (Holbrooke, 1996, Hillygus, 2010); mientras la otra visión sostiene que la época de campaña tiene efecto mínimo porque la mayor parte de los electores asumen preferencia electoral mucho antes, basados en criterios de identidad colectiva y militancia partidaria (Lazarsfield, 1954; Campbell, 1960; Bartels, 2000).

El estudio LePennec-Pons, de metodología comparativa y multi-situada, analizó el impacto de 56 debates televisados, en 22 elecciones y siete países, para concluir en que la proporción de votantes que declaran una intención de voto preelectoral consistente con su voto final aumentó apenas un 15 por ciento en los sesenta días anteriores a la elección.

“Mediante un estudio de evento para estimar el impacto de los debates televisivos se descubrió que estos no afectan significativamente ni la elección del voto individual y la formación de preferencias, ni el margen de voto agregado”, versa el estudio, que sugiere que la información recibida continuamente por los votantes ejerce más influencia en su comportamiento que el impacto general de la información recibida durante la temporada electoral.

“En adición, nuestra aproximación por estudio de caso encontró que los debates presidenciales televisados, el evento más destacado de la campaña, no juega un rol significativo en moldear la preferencia de los electores. Pese a todo el interés que generan, la enorme audiencia que concitan y los muchos comentarios que desatan en la media, los debates no afectan ni la preferencia electoral individual ni el porcentaje de voto agregado, ni aun en el corto plazo”, agrega.

El estudio cuestiona que los debates respondan al principio de que una “democracia saludable demanda de votantes informados”, dado que sus resultados sugieren que “aun cuando los votantes parecen relativamente desinformados, sus preferencias electorales incorporan de hecho mucha información, producida fuera de los debates, producida por otras fuentes que resultan más influyentes”.

Es además critico no sólo acerca de la efectividad del debate como evento político, sino sobre la credibilidad de una media en crisis. “Otra explicación posible es que el medio particular por el que los debates son difundidos es el problema: Es un reto para los candidatos alterar la opinión de la gente y eso no sucede a través de radio o televisión (Spenkuch-Toniatti, 2018)”.

Los debates no representan un espacio cualitativo de información electoral, ni tienen impacto real en la definición de preferencia electoral, pero son eventos que grupos de interés que conforman la “Industria de las campañas electorales” – el estado, la media, consultoras políticas –, promueve por sus propias razones.

Ahora, de promover el debate a imponerlo cual política pública, existe la misma distancia que entre legislar sobre el rigor del hecho científico o sobre el animismo de los sentidos comunes.