Para la magistrada, el cargo lo asumió en una etapa especial para Bolivia, cuando los bolivianos se unieron para profundizar la democracia, pensando en un país mejor. Pero también entiende que la lucha de la gente en las calles demanda un cambio en su institución. Por eso, una de sus principales tareas es lograr la independencia del órgano Judicial.

El País (EP).- ¿Cuál es el reto trazado como Presidenta del TSJ?

Cristina Díaz (CD).- El planteamiento para Bolivia en el año 2020 es la independencia judicial, la cual tiene muchas aristas. Para una independencia judicial tenemos que tener una independencia presupuestaria y justa, una escuela de jueces a la altura de la formación que requiere ese cargo, no solo una preparación en la Ciencia del Derecho, sino una preparación en valores, porque solamente así un juez puede someterse únicamente a los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado y las leyes ordinarias.

Se debe formar jueces honestos, valientes y comprometidos con la justicia. Deben tener la íntima convicción que la justicia es un servicio y un derecho, mas no un privilegio.

Para la selección de jueces no solo es importante una convocatoria transparente, las fuerzas vivas de la ciudadanía tienen que ingresar a calificar, el Colegio de Abogados y las universidades públicas y privadas son las llamadas a participar en el proceso de ingresos de jueces.

Hay que darles su lugar a los colegios de abogados, porque ellos son los que saben las dificultades y necesidades del órgano judicial. Es por eso que hay que devolverles el rol que se merecen.

EP.- ¿Cuál es el presupuesto para el Órgano Judicial?

CD.- No solamente tenemos recursos que emana del Tesoro General de la Nación (TGN), también se tiene ingresos propios. Pero en general los datos arrojan la siguiente realidad: el 2012 se otorgó 229 millones de bolivianos, el 2013 se tuvo 277 millones, el 2014 se llegó 299 millones, en el 2015 se alcanzó a 317 millones, en el 2016 se llegó a 322 millones, en el 2017 se alcanzó a 342 millones de bolivianos.

Para el 2019 se hizo una serie de modificaciones, con un crecimiento de 27 por ciento del Órgano Judicial con la creación de nuevos juzgados, sin embargo, el presupuesto para ese año solo fue de 403. 862.699 bolivianos.

Es un presupuesto bajísimo, incluso la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca tiene más presupuesto que nosotros.

Hemos escuchado en el discurso de la inauguración del Año Judicial a la presidente de Bolivia, Janine Áñez, quien ofreció, para empezar, un aporte de 200 millones de bolivianos más. Ella como abogada conoce las necesidades del Órgano Judicial. Esa suma nos resuelve el problema, pero hay una intención de tener una mejor justicia, eso es loable.

EP.- ¿Con cuántos jueces necesita el Órgano Judicial y con cuántos se cuenta en la actualidad?

CD.- Hasta el 2019 teníamos 1.002 jueces, con los 41 que se crearon, más uno laboral en Cochabamba, se tiene un total de 1.047. Pero nosotros necesitamos 2.011 jueces para atender a la población. Entonces, la transferencia de los recursos del TGN alcanza para el 47 por ciento, nosotros tenemos otros ingresos, el más importante es el de Derechos Reales.

La Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia piensa que se debe aumentar, por lo menos, nueve juzgados de violencia, por todo este flagelo de los feminicidios y la violencia contra la mujer. Eso me dijo en una charla personal.

EP.- ¿Cuál es la solución para resolver la carga procesal?

CD.- Lo que pasa es que un juez, en vez de resolver la causa de uno, resuelve de dos o tres. El problema se ahonda cuando hay vacancias. El hecho de tener mayor presupuesto significa tener más juzgados y por ende un desahogo de causas. La carga procesal varía por distritos, por ejemplo, si se resuelven 1.000 causas, entran otras 2.000 nuevas.

En mi modesto entender, la estructura estatal se quedó del mismo tamaño que cuando se tenía cinco o seis millones de habitantes, cuando la realidad actual es otra, 11 millones, aproximadamente. Entonces, el Estado tiene que agrandarse de acuerdo a como vaya aumentando la población. Eso implica no solo juzgadores, sino también personal de apoyo jurisdiccional, más fiscales, un aumento de autoridades judiciales y más infraestructura.

EP.- ¿En qué áreas se tiene más carga procesal?

CD.- La carga de la justicia está en el área penal y contenciosa. En realidad todos los juzgados están abarrotados. Si uno va a un juzgado o a la Fiscalía los expedientes están abarrotados. Si se va a la Policía se tiene que hacer colas para que le atiendan porque son pocos los funcionarios. Entonces, es un problema estructural que hay que irle dando soluciones.

En lo que corresponde a Tarija no solo estamos preocupados por la carga procesal, sino también por las condiciones infrahumanas en las que trabajan los jueces porque no se tiene un nuevo Palacio de Justicia. Un compromiso como una ciudadana tarijeña es que se tiene que hacer el Palacio de Justicia. Lo vamos a hacer.

EP.- ¿Se habló de limpiar la casa judicial, en qué consiste esa iniciativa?

CD.- Yo creo que tenemos todos los instrumentos para limpiar la casa. Tenemos un Consejo de la Magistratura, pero esta institución debe funcionar de manera adecuada, no perseguir a los jueces, sino hacer las evaluaciones que sean correctas y los controles para garantizar que la justicia sea transparente.

También tenemos los instrumentos del derecho común, normativas que sirven para sancionar a los malos jueces. En todos los ámbitos de las profesiones tenemos los buenos, los malos y los regulares. Para eso hay que ponernos manos a la obra, la justicia no tiene que ser un discurso, sino en el ejercicio.

EP.- Se habló de intromisión política ¿cuál es la situación actual?

CD.- En todo tiempo hubo intromisiones, eso hay que corregir. Existe un compromiso del Ejecutivo a través de la Presidente, un cambio de actitud para que no haya intromisión. Entre los órganos del Estado debe existir un relacionamiento y coordinación natural, pero no una intromisión porque cada uno tiene su área de acción y debe ser respetado. A eso me dirijo, nos reunimos con el Ministro de Justicia, quien garantizó que no habrá jueces perseguidos, nadie les dirá lo que tienen que hacer. Pero eso también parte desde que los jueces no permitan ese tipo de situaciones.

La verdadera independencia es la que se logra en cada uno de los jueces en su interior, eso tiene que ver con la formación de valores. Se debe actuar con valentía, con capacidad, honestidad. Cuando haya un acto que demuestre intromisión, se debe denunciar en los medios de prensa.

EP.- ¿Cómo se puede poner fin a la corrupción?

CD.- La erradicación de la corrupción tiene dos aristas: una tiene que ser preventiva, para eso es la Escuela de Jueces, que debe dar una formación óptima, que convenza a los jueces sobre los valores que deben tener, que deben actuar conforme a las leyes y nada más; pero la otra parte es sancionadora, castigar a aquellos malos jueces. Pero también sancionar a los abogados por parte de su colegio. Ya se tiene como delito a la corrupción, entonces no es falta de normativa. La institución no es corrupta, sino las personas, para ello hay que usar los mecanismos sancionadores.

EP.- ¿Cómo encontró al Tribunal Supremo de Justicia?

CD.- Desde que nosotros asumimos funciones en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el 2 de enero de 2018, se hicieron muchas mejoras como el buzón judicial, se modernizó la Unidad de Jurisprudencia, se digitalizó el Archivo Judicial, se crearon sistema informáticos para agilizar y modernizar los procesos. Son una serie de cosas que están reflejadas en la revista judicial, que el ex presidente de este poder se preocupó de mejorar. Se enfrentó el reto de una justicia sin corrupción y se tiene el reto de lograr la independencia.