Los incendios quemaron más de seis millones de hectáreas en todo el país, dejando un daño nunca antes visto, no solo por la dolorosa pérdida de flora y fauna, sino por la contaminación de agua y suelos que afectan la vida de cientos de miles de habitantes, especialmente en las tierras bajas.

La falta de institucionalidad en el INRA, con directores que eran cambiados con frecuencia y al calor de la política, determinó que el Gobierno dispusiera la dotación de tierras con un fin electoralista y sin tomar en consideración valoraciones técnicas.

Durante años no se instalaron las comisiones agrarias departamentales y, tanto gobernaciones como alcaldías, fueron pisoteadas. La consecuencia la vivimos ahora, se necesitan millones de dólares para reparar el daño y para comenzar a restaurar la pérdida.

La falta de institucionalidad también tocó al Órgano Electoral que incumplió el rol de ser guardián de la democracia. De nada valieron las múltiples advertencias cuando renunciaron los vocales que gozaban de mayor credibilidad o los técnicos que tenían la experiencia necesaria para la administración de los comicios. 

Sin autoridades elegidas como manda la ley, la Contraloría General del Estado se convirtió en una entidad casi inexistente, sin protagonismo, porque no hubo auditorías a miles de contratos directos para la contratación de obras. La Unidad de Investigaciones Financieras y el viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, así como la Fiscalía, fueron instrumentos de acción política contra los opositores y contra algunos miembros del MAS que estorbaban al esquema gubernamental.

La elección de jueces por voto popular o la mentada ley de abreviación procesal penal no sirvieron para mirar con esperanza la administración de justicia en el país, porque esta se direccionó desde el Órgano Ejecutivo en casos políticos, especialmente, y al calor de la corrupción en otros tantos, dejando desesperanzada a la ciudadanía litigante.

Quizá el problema más grave es el narcotráfico porque distorsiona toda la estructura social. 

Quizá por su condición de tal, el Gobierno transitorio no ha asumido acciones destinadas a resolver los temas planteados en el año recientemente iniciado.