En días pasados, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un dictamen por la vulneración de derechos políticos de los exlegisladores Delgado y Maldonado, y se encontró un grado de responsabilidad de las exautoridades del TSE y del TCP. Esta situación fue ratificada tanto por el procurador del Estado, Pablo Menacho, y el ministro de Justicia, Héctor Arce, al sostener que la resolución no es vinculante al Órgano Ejecutivo.

La anterior Sala Plena del TSE —que emitió la circular 071, que inhabilitó a los exlegisladores a postular a las alcaldías, por lo que ahora el Estado deberá pagar económicamente— estuvo integrada por siete vocales: Dina Chuquimia, Fanny Rivas, Marco Ayala, Irineo Zuna, Wilfredo Ovando, Wilma Velasco y Ramiro Paredes.

En tanto, los exmagistrados del TCP que no emitieron en su momento el fallo y cometieron retardación de justicia eran: Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Ruddy Flores y Neldy Andrade. El Constitucional también emitió el resistido fallo que habilitó la repostulación de Evo Morales.

En función pública

De las 12 exautoridades, siete del TSE y cinco del TCP, en el registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la Contraloría General del Estado, sólo cuatro estarían en la función pública.

De los siete exvocales, tres prestan servicios en diferentes entidades del Estado.

Wilfredo Ovando Rojas presentó su declaración jurada el 28 de noviembre de 2017 y tiene una relación laboral contractual con la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Según su declaración, tendría un patrimonio de algo más de 4 millones de bolivianos.

Dina Agustina Chuquimia Alvarado prestó su declaración jurada el 4 de julio de 2017, y tendría una relación laboral con el Consejo de la Magistratura, su patrimonio declarado neto alcanzaría a 263 mil bolivianos.

Por último, la exvocal Fanny Rosario Rivas Rojas presentó su declaración jurada el 17 de agosto de 2017. Tiene relación laboral con el Tribunal Constitucional Plurinacional. Reportó un patrimonio neto de algo más de un millón de bolivianos.

Los restantes vocales tienen sus declaraciones juradas de 2015, cuando cumplían funciones en el TSE.

Los Tiempos llamó por teléfono a Chuquimia para conocer su versión, pero la exvocal respondió y luego colgó y apagó su teléfono. En tanto, Ovando no respondió las llamadas y Paredes tampoco.

Respecto a los magistrados del TCP, uno de los cinco se encontraría en función pública.

Ruddy José Flores Monterrey presentó su declaración jurada el 15 de febrero de 2018, y tiene una relación laboral con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según el reporte del sitio web de la Contraloría, Flores declaró un patrimonio neto de algo más de 3 millones de bolivianos. Medios de comunicación reportaron que Flores es director jurídico de esa oficina, información que no fue negada por ese despacho.

ESTADO NO PODRÁ ELUDIR EL FALLO

El Estado no podrá incumplir o evadir el fallo, toda vez que Bolivia es suscriptor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el documento que rige el funcionamiento del Comité de Derechos Humanos, instancia que resolvió en favor de Rebeca Delgado.

“El Estado parte debe, entre otras medidas, ofrecer una compensación adecuada a la autora, que incluya los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional”. También le recuerda al Estado que, al haber suscrito el Pacto, acepta las decisiones del Comité y garantiza una reparación efectiva y jurídicamente exigible. La ONU dio un plazo de 180 días para que Bolivia informe cómo cumplirá con el dictamen.

ARCE ASEGURA QUE EL FALLO NO VINCULA AL EJECUTIVO

El ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró ayer que aún no conoce el dictamen del Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, y que tampoco conoce cuál será la modalidad de resarcimiento para cumplir este fallo. Eso sí, aseguró que el documento no implica ni vincula de ninguna manera al órgano Ejecutivo ni al Legislativo.

“Yo no conozco la determinación, lo que hemos conocido es simplemente una situación de esa naturaleza, más datos podrá dar seguramente la Procuraduría. El Estado es notificado por la Procuraduría y la Cancillería, no tengo esa información si formalmente ha llegado o no”, dijo Arce ayer en el sorteo de notarios de fe pública en Cochabamba.

El Ministro aseguró, sin embargo, que el dictamen de la ONU no tiene efecto vinculante con dos órganos del Estado. “Éste no es un tema que sea vinculada para el órgano Ejecutivo ni para el órgano Legislativo. (…) Por lo que conozco, es un tema que vincula por una circular o por una resolución al anterior Órgano Electoral, y al anterior Tribunal Constitucional por una supuesta dilación de la tramitación de un recurso, es todo lo que puedo decir del recurso”, aseveró.

El anterior Órgano Electoral emitió, a fines de 2014, una circular para que ninguna persona que haya sido diputado o senador pueda postular a un cargo para Alcalde, Concejal o Asambleísta Departamental en las elecciones subnacionales de 2015.

En tanto, el TCP en funciones en 2015, retrasó injustificadamente un amparo constitucional de los afectados de esa circular.

Estas decisiones le pueden costar caro a los exvocales y exmagistrados, ya que el dictamen de la ONU podría derivar en procesos civiles “de repetición” para que los que emitieron la circular 71 y provocaron la retardación de justicia se responsabilicen del resarcimiento económico que el Estado debe pagar a Delgado y Maldonado por la vulneración de sus derechos.