El año 2019 terminó sin autoridades titulares, elegidas por el voto, así que se entiende que hayan quedado pendientes temas tan importantes como el incendio de la Chiquitania, el megafraude electoral, la corrupción y la justicia sometida al poder.
Los incendios quemaron más de seis millones de hectáreas en todo el país, dejando un daño nunca antes visto, no solo por la dolorosa pérdida de flora y fauna, sino por la contaminación de agua y suelos que afectan la vida de cientos de miles de habitantes, especialmente en las tierras bajas. La falta de institucionalidad en el INRA, con directores que eran cambiados con frecuencia y al calor de la política, determinó que el Poder Ejecutivo dispusiera la dotación de tierras con un fin electoralista y sin tomar en consideración valoraciones técnicas; durante años no se instalaron las comisiones agrarias departamentales y, tanto gobernaciones como alcaldías, fueron pisoteados. La consecuencia la vivimos ahora, se necesitan millones de dólares para reparar el daño y para comenzar a restaurar la pérdida.
La falta de institucionalidad también tocó al Órgano Electoral que incumplió el rol de ser guardián de la democracia. De nada valieron las múltiples advertencias cuando renunciaban los vocales que gozaban de mayor credibilidad o los técnicos que tenían la experiencia necesaria para la administración de los comicios. Con un descaro absoluto, el TSE le mentía a Bolivia indicando que todo marchaba bien, para que después los ciudadanos se enteren de cómo los responsables de esta institución fueron cómplices de la manipulación de los votos con el fin de hacer ganar al MAS y a sus candidatos. Los vocales están ahora tras las rejas y se investiga la participación de ex ministros y ex funcionarios gubernamentales como contraparte de la manipulación.
Sin autoridades elegidas como manda la ley, la Contraloría General del Estado se convirtió en una entidad casi inexistente, sin protagonismo, porque no hubo auditorías a miles de contratos directos para la contratación de obras. La Unidad de Investigaciones Financieras y el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, así como la Fiscalía se convirtieron en instrumentos de acción política contra los opositores y contra algunos masistas que ya le estorbaban al esquema gubernamental.
Ahora, con Evo Morales fuera del Gobierno, por fin se descubre el manejo irregular de los recursos del Estado y es de esperar que las investigaciones sean minuciosas y que se castigue a los responsables.
La elección de jueces por voto popular o la mentada ley de abreviación procesal penal no sirvieron para mirar con esperanza la administración de justicia en el país, porque esta se ha direccionado desde el Poder Ejecutivo en casos políticos especialmente, y al calor de la corrupción en otros tantos, dejando desesperanzada a la ciudadanía litigante.
Quizás el problema más grave es el narcotráfico porque distorsiona toda la estructura social. Bolivia exporta un tercio de la cocaína que se comercializa en el mundo, además es un espacio por donde circula la droga que se produce en otros países como Perú. La lucha contra este mal puede ser más eficiente de lo que ha sido hasta el momento y tiene que liberarse de cargas ideológicas que impidan la coordinación con otros países.
Quizás por su condición de tal, el gobierno transitorio no ha asumido accione destinadas a resolver los temas planteados en el año recientemente iniciado.