De acuerdo con las determinaciones que asuma el Ministerio Público, la autoridad puede ser pasible a una eventual imputación y aprehensión. Una figura que conlleva la posibilidad de cambiar al alcalde de Cochabamba.

“Yo me debo al pueblo y para el pueblo trabajo, el pueblo me ha brindado la oportunidad de trabajar por la ciudad que amo y es al pueblo y a Dios a quienes rendiré cuentas. Tengo las manos limpias, aunque me quieran enjuiciar y encarcelar no voy a dejar de luchar por Cochabamba”, escribió Leyes en su cuenta de la red Twitter.

El burgomaestre participó este jueves de una caravana en el marco de la presentación de un proyecto de ley de propiedad que beneficiará a los comerciantes de la ciudad. Leyes recibió el apoyo de sectores de los gremiales cochabambinos.

La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina presentó el 2 de abril una denuncia ante el Ministerio Público en la que se sindica a Leyes de comprar con sobreprecio mochilas escolares a la Asociación 26 de Febrero. La denuncia establece que además la empresa adjudicataria hizo la compra de los implementos con anticipación a los procesos de licitación.

Durante la última semana, José María Leyes, expuso en diversos espacios su versión del caso sobre un presunto sobreprecio en la compra de mochilas chinas. En La Paz y Santa Cruz recibió el respaldo de sus correligionarios del Movimiento Demócrata Social (Democratas), quienes consideran que el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca afectar a la gestión edil.

La presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó que el alcalde pretende evadir su responsabilidad en el caso de las mochilas chinas argumentando que las acusaciones en su contra son parte de una estrategia política del oficialismo que pretende dar un "golpe" municipal.

"La ley es clara, porque indica que si Leyes fuera suspendido de sus funciones entraría otra persona de su mismo partido a la alcaldía de Cochabamba, ahora si el alcalde no confía en la gente de su mismo partido eso ya no es asunto del MAS", argumentó Montaño.

Por otro lado, el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, anunció que se procesará a dos funcionarios municipales, que son sindicados por encubrimiento y obstrucción a la investigación de la justicia. Los encargados de Sistemas y de custodia de los equipos son acusados retirar 14 computadoras y devolverlos dos días después sin información. (19/04/2018)