Medio: El Deber
Fecha de la publicación: viernes 20 de abril de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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Finalmente, el alcalde José María Leyes, a través de su abogado, decidió involucrar a su exsecretario de Atención al Ciudadano José Miguel Padilla en el proceso judicial por el caso mochilas. Sobre él, Leyes lanzó sospechas en la adquisición de más de 90.000 mochilas chinas con útiles escolares: dijo que no le contesta el teléfono, que pidió vacaciones y que eso lo hace sospechoso. A esto, ayer se supo que Padilla dejó el país con destino a EEUU y, según informó el diario Opinión, tramitó la vacación seguida de su renuncia.
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Ayer ante una concentración de gremiales y a pocas horas de declarar ante la Fiscalía desafió: “Aunque me quieran encarcelar, yo voy a seguir defendiendo Cochabamba. Que viva Cochabamba ¡carajo! Vengan a encarcelarme, aquí estoy en Cochabamba”.
En el día que se publicó una entrevista de Leyes con EL DEBER, en la que el munícipe complica a Padilla con sus sospechas, desde Cochabamba se informó que el secretario y amigo del alcalde dejó el país desde Viru Viru.
Paralelamente, los abogados de Leyes pidieron citar a declarar a la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, por el mismo caso. Eso en lo legal, pues por otra parte, en lo político, sectores gremiales y de transportistas que apoyan al alcalde anunciaron marchas y cercos a la Fiscalía para impedir su detención hoy cuando se presente a declarar a las 17:00.
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La presentación de la denuncia ante el Ministerio Público la realizó el abogado Sergio Coca. “La defensa de José María Leyes ha pedido a la Fiscalía que se convoque, en su calidad de presidenta, a Marlene Ardaya a objeto de que informe todo acto del proceso de mochilas escolares acorde a la Ley 1990 para dar elementos que puedan esclarecer si se cometió ilegalidad en el proceso de importación”, dijo en rueda de prensa.
Desde la Aduana informaron que Ardaya está fuera del país y que volverá mañana, pero recordaron que toda la información del caso ya se entregó a la Asamblea Legislativa y a la Fiscalía.
La acción judicial se convierte en el contraataque de Leyes frente a los dos procesos que tiene en contra, el primero por la compra de las mochilas y ayer, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que se inició un segundo proceso por encubrimiento y obstrucción de la justicia después de que se descubriera que 14 computadoras fueron vaciadas de su contenido.
En ese ámbito, la defensa de Leyes también actuó: Coca dijo que se ha pedido a la Fiscalía que el director de Transparencia, Max Rodríguez, aclare qué pasos legales se siguieron y por orden de quién se intervino las 14 computadoras.
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El ambiente crispado
Pero los anuncios de juicios e investigaciones también se matizaron con los anuncios de gremiales y transportistas; la declaración que debe prestar hoy el alcalde estará acompañada por movilizaciones de los gremiales y un bloqueo que ya fue confirmado por ocho sindicatos de los transportistas.
Ayer, los gremiales salieron a marchar agradeciendo la remisión de un proyecto del alcalde que les autoriza ser propietarios de sus puestos en las calles. En medio de ello, Leyes lanzó arengas contra el Gobierno y reiteró que se presentará a declarar ante la Fiscalía. “Nos quieren meter juicios porque trabajamos para los pobres, ese es nuestro delito, pensar en el pueblo, eso es lo que el MAS no perdona”, arengó Leyes y desató la reacción de los comerciantes.
Pero no solo los gremiales se metieron a la pelea: el dirigente del transporte Mario Coca Medrano también confirmó que desde las 13:00 horas ellos llevarán adelante un “paro movilizado” y bloquearán varias arterias y deslizó que la medida de protesta se concentrará en proximidades de las oficinas de la Fiscalía.
Por el Gobierno, la ministra de Comunicación, Gisela López, trata de eludir el caso y dice que incluso hay injerencia del encargado de Negocios de EEUU, Bruce Williamson, pues este lo visitó el lunes y eso puede interpretarse como un ‘espaldarazo’. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que si el edil es detenido por las autoridades, su partido no perderá el control del municipio y explicó que por norma el partido mayoritario, en este caso Demócratas, seguirá al frente del municipio y desmintió las acusaciones opositoras.
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La estrategia
Ayer, el Concejo Municipal suspendió el tratamiento de un proyecto de ley municipal que permitirá al burgomaestre seguir ejerciendo el cargo si es detenido, al menos por los tres meses siguientes, lo que fue calificado como una aberración jurídica por los opositores del MAS.
El concejal Sergio Rodríguez dijo que esta propuesta ni siquiera tuvo consenso dentro del oficialismo y añadió que Leyes debería preocuparse por preparar todas sus respuestas ante el fiscal, porque él, como máxima autoridad ejecutiva, debería saber qué pasó con la compra de las mochilas.
La concejal Celima Torrico dijo que no es la primera denuncia contra el alcalde y explicó que ellos como fiscalizadores fueron separados de esas tareas por un reglamento de debates que les impide pedir información.
Dijo que el oficialismo aprobó una norma en la que delegan todas las compras hasta los 70 millones de bolivianos al ejecutivo municipal y que solo si pasa de esa cifra ellos pueden autorizar, luego se dieron cuenta de que el ejecutivo parceló las compras que eran superiores a los 70 millones y puso como ejemplo el desayuno escolar, que fue dividido en ración líquida y ración sólida y evadieron el control del Concejo Municipal.
La seguidilla de denuncias contra leyes
1.- La concejal Celima Torrico dijo que este caso de las mochilas es el que logró llegar a los medios y a las autoridades, pero que hay más casos de corrupción.
2.- Relató que el reglamento de debates del Concejo no permite la obtención de informes de las distintas secretarías y que los pedidos se someten a votación.
3.- El diputado Víctor Gutiérrez dijo que la Contraloría ya dispuso la auditoría al desayuno escolar de 2017.
4.- Asimismo, se investiga a la empresa MPSC SRL como proveedora de asfalto al municipio de Cercado.
Padilla declaró bs 3,5 millones de patrimonio
José Miguel Padilla Parada se convirtió, de pronto, en el centro del escándalo de supuesta corrupción que sacude al alcalde José María Leyes. Se trata de un ex funcionario municipal que declaró Bs 3.582.678 como patrimonio ante la Contraloría General del Estado y esa declaración la realizó hace dos años, el 10 de octubre de 2016; desde entonces no actualizó sus datos.
Leyes se refirió a él como su “hermano” y que coincidieron desde el quinto grado de la escuela y a quien le encargó la segunda secretaría encargada de la atención al ciudadano de Cercado.
Los que lo conocen lo describen como “un muchacho jovial, simpático y carismático” que tuvo un trabajo en la Aduana Nacional durante cinco años, entre 2011 y 2015, y que después de eso apareció con bienes que antes de eso no poseía, como una casa y dos vehículos de su propiedad.
Pero los adversarios políticos del alcalde Leyes le recordaron que fue él el que posesionó a Padilla Parada como segundo secretario y que ahora lo sindica como principal responsable de sus problemas al punto de denunciarlo ante la justicia.
"Era pues su amiguito, siempre fueron amigos y él sabe por qué lo puso en ese cargo, pero aquí no se trata de quién era Padilla, se trata de que Leyes asuma su responsabilidad en el caso, él es la máxima autoridad”, dijo el concejal Sergio Rodríguez.
