Si bien en América Latina, Venezuela y Brasil fueron “la punta de lanza” en los debates electorales, todos los países, cuando menos una vez, experimentaron ese proceso comunicacional político. Los últimos en incorporarse Argentina (2015) y República Dominicana (2016). Si bien las legislaciones de Colombia, Costa Rica, Brasil y Argentina las incorporan como obligación electoral para los candidatos, otros Estados en la región la adoptan sólo como una tradición eleccionaria. 

En el caso boliviano y tomando en cuenta que este 2020 se prevé la reconstrucción total del poder político, puede considerarse instituir el debate en la normativa electoral (así como ocurrió con las primarias) no sólo presidencial, sino también para aspirantes a las gobernaciones y alcaldías, bajo causal de inhabilitación, incluso ante la negativa o ausencia de candidatos. 

Esta incorporación legislativa debe fundarse a través de una comisión biorgánica de poder que viabilice e institucionalice la tradición del debate electoral y sea el pueblo boliviano,  que es quien delega su soberanía al poder cuando participa en el sufragio, que conozca las propuestas y opiniones de los candidatos, más allá de la propaganda electoral.

Comparar, confrontar y rebatir ideas son la esencia de los debates presidenciales (al menos dos) que deben estructurarse para la consolidación de una cultura política, en la que el control de calidad emerja de los propios gremios periodísticos para definir protagonistas en la conducción y/o moderación de los encuentros televisivos a transmitirse en cadena nacional y desde, luego, por redes sociales.

Que los formatos de preguntas sean propias de las expectativas del soberano y que con las interactuaciones entre candidatos se conozca el dominio sobre sus proyectos de la administración de la cosa pública y su capacidad de liderazgo. 

Finalmente, si bien un debate presidencial no cambia masivamente la preferencia del votante, le posibilita una mejor percepción electoral presidencial al considerar su cambio o no de preferencia, tomar postura final, en caso de los indecisos, o reafirmarse con su candidatura. Este ejercicio democrático permitirá asistir a las urnas con un voto más informado.

 
Israel Adrián Quino Romero es abogado y periodista, exdelegado adjunto para la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo Bolivia.