están activas y corresponden al caso del Hotel Las Américas; se toma en cuenta la denuncia sobre terrorismo y sedición luego de la renuncia y fuga de exmandatarios, un caso más reciente sobre usurpación de funciones al haber hecho entrega de obras, sin tener ya ninguna autoridad.

Por otro lado autoridades del viceministerio de coordinación y gestión gubernamental, informaron que al investigar algunas denuncias en la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) se detectaron varias irregularidades y negociados en los que resultan implicados el expresidente y su exministro Juan Ramón Quintana que eran los encargados de aprobar la ejecución y financiamiento de varios proyectos, entre los que se cuentan obras de magnitud por fuertes sumas de dinero, sin haber pasado por trámites obligados de revisión y aprobación de documentos, lo que demuestra irresponsabilidad manifiesta en el gasto de los fondos públicos.

No se mencionaron anteriormente casos registrados en la UPRE, debido al hermetismo existente en información, lo que ahora se devela una vez que se han abierto las investigaciones, que darán resultados sorprendentes sobre presuntos delitos de daño económico al Estado que están siendo objeto de una minuciosa investigación, mediante fiscalización y además recuperando una documentación que se encontraba "esparcida" en muebles y estantes.

Lo que preocupa seriamente es que las autoridades nacionales en actual función, reciben las denuncias, conocen los casos, pero no disponen las medidas consiguientes para encarar los procesos que fuesen necesarios, en el orden del daño material que se ocasionó al país con el uso arbitrario de dineros para cubrir "gastos de promoción política personal y partidaria", sin acudir a la legislación vigente para formalizar los gastos destinados a proyectos sociales.

Lo que ocurre en nuestro medio, es parte de un proceso normal que implica la revisión sobre el manejo de cuentas, pero además la investigación sobre las denuncias que ahora son "materia común" en varios despachos de la anterior administración estatal, donde van saliendo muchos datos que eran celosamente guardados, precisamente por la falta de documentos que respalden el correcto uso de dineros estatales, dineros de los bolivianos.

Las autoridades que investigan muchos casos, señalaron que resultados parciales de varios hechos se conocerán en breve y que la magnitud de los pagos, implica realmente un sorprendente uso de muchos millones de bolivianos, sumas que naturalmente corresponden a gastos suntuarios que no tienen justificativo social o de beneficio comunitario, lo que significa para los entendidos, un desfalco a las arcas del Estado.