“Hemos presentado una carta bien fundamentada al Tribunal Supremo Electoral, para que a la brevedad posible, elabore una reglamentación específica para las empresas o instituciones que realizan encuestas, sancionando a las que manipulen los resultados de sus encuestas en favor de algún candidato o candidatos, con procesos, incluso cárcel para los responsables de dichas empresas”, sostuvo Barral.

En la carta presentada cita como antecedente lo ocurrido en las pasadas elecciones generales del 20 de octubre y cómo el fraude electoral ha mellado la confianza de los votantes. “Lamentablemente algunas encuestas no pretende púlsar la opinión del ciudadano, sino transformarla, manipularla y jugar con las simpatías según el ánimo de quien encarga las encuestas”, sostiene la misiva.

Por lo expuesto, Barral solita que se elabore una normativa que reglamente la publicación de las encuestas auditando las mismas de forma “rigurosa” y transparente y que sancione a las que manipulen o alteren los resultados para influir en la decisión de los votantes.