Para entender mejor esa condición, veamos el valor que tienen los documentos oficiales: un certificado de nacimiento, por ejemplo, es la prueba irrefutable de la existencia de un ser humano debido a que conlleva la fe pública del Estado boliviano, representado por la institución que lo confiere, el Servicio del Registro Cívico (Serecí).
Por ello, todo lo que proviene del Estado, o la administración pública, se acepta como verdad, hace fe. Y en ese marco se debe inscribir a las elecciones que, bajo sistemas constitucionales como el nuestro, son los medios idóneos a través de los cuales se elige y renueva los poderes públicos.
Las elecciones son administradas por un ente que representa al Estado, que en el caso de Bolivia es el Órgano Electoral Plurinacional; integrado por el tribunal supremo, los tribunales departamentales, juzgados electorales, jurados de las mesas de sufragio y notarios electorales.
Como se ha comprobado desde diferentes frentes —la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y diversos estudios independientes—, el 20 de octubre de 2019 se cometió un fraude electoral tan gigantesco que, por toda la información dispersa, pudo haberse cometido no solo con la alteración de resultados mediante la manipulación del sistema informático sino también en las mesas de sufragio de varias localidades del área rural. 
Comprobado como está, el fraude ha representado un terrible golpe a la fe pública y ese es el mayor daño que se la ha causado a la democracia. Si la gente creía que podía intervenir en la constitución de los poderes públicos, lo que ahora cree es que su voluntad puede ser vulnerada fácilmente. En otras palabras, ha dejado de creer en el Estado como tal y eso puede llevar a nuestra sociedad a una peligrosa anomia.
Este diario realizó su propia investigación sobre el fraude y entre la información que posee está los antecedentes que datan, incluso, de junio del año pasado. Habrá que recordar que, a mediados de ese mes, la directora departamental del Serecí de Beni denunció en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de ese Departamento que notarios electorales fueron encontrados realizando registros biométricos que no correspondían a su jurisdicción.
Eran los días en los que se procedía al empadronamiento y reempadronamiento de ciudadanos en el registro biométrico y lo que pasó en el Beni es que, mediante un video, se demostró que se estaba procediendo al traslado de ciudadanos de un recinto a otro, acto que está expresamente prohibido en la Ley del Régimen Electoral.
¿Cuál es la deducción que se puede hacer de aquel hallazgo y posterior denuncia? Pues que el fraude no se limitó a las máximas autoridades electorales, la mayoría de las cuales están presas actualmente, sino que operó, también, a través de las autoridades intermedias.
El problema es que, a más de usar el fraude para fines propagandísticos, no se ha hecho más para castigarlo y, consecuentemente, devolverle al Órgano Electoral el atributo de la fe pública.
¿Quiénes fueron los beneficiarios del fraude? De manera personal todos y cada uno de los candidatos del MAS, encabezados por Evo Morales y Álvaro García, y, de manera colectiva, ese partido político.
¿Qué se ha hecho para castigar el fraude? Nada. Por el contrario, se rechazó la posibilidad de quitarle la personería jurídica al MAS.