Medio: Opinión
Fecha de la publicación: domingo 05 de enero de 2020
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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Bolivia se encuentra en la antesala de la definición de un nuevo llamado a las urnas, en cuyo proceso los bolivianos tendremos que elegir a nuestras máximas autoridades de forma libre, y con la esperanza de que los árbitros sean eso y no parciales de uno u otro bando.
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Sabemos que las campañas electorales son los medios a través de los cuales los candidatos preparan y presentan a la ciudadanía sus ideas y posturas sobre distintas temáticas.
También que son una oportunidad para que los contendientes ganen apoyo y motiven a los simpatizantes a que los ayuden a salir electos; para lo cual se requiere que el voto sea libre e informado.
En este sentido, una de las premisas fundamentales que se debe aplicar en los próximos comicios del primer domingo de mayo es la equidad en la contienda electoral, lo que equivale a una competencia justa, en donde ninguno de los partidos políticos tenga ventaja sobre otro, durante el tiempo previo a la votación.
Cabe recordar que, en la últimas elecciones en el país existió mucha desigualdad en las campañas electorales. El candidato del partido en ejercicio de Gobierno, el expresidente Evo Morales, tuvo una clara ventaja con relación a los otros, gracias al uso de los bienes del Estado que cometió el MAS; realidad que fue reflejada y cuestionada en el informe de la Unión Europea sobre las elecciones anuladas del 20 de octubre de 2019.
Ahora bien, en un proceso que en nuestro país costó casi cuatro millones de dólares en las elecciones primarias en enero del 2019 y 31 millones de dólares en las de octubre, viene la duda si debemos como ciudadanos financiar las campañas electorales con nuestros impuestos.
No obstante, lo importante es que la próxima contienda electoral sea equitativa con igualdad de oportunidades y de resultados. Que se considere el financiamiento público, tomando en cuenta la discriminación positiva, dando a cada uno lo que le corresponda.
El árbitro electoral, en este caso el Tribunal Supremo Electoral (TSE), debe asumir acciones para ejercer un control estricto a los partidos políticos o alianzas, para que estos no hagan uso y abuso de los bienes del Estado. Lamentablemente, muchos, en el pasado, lo han hecho y ese ente rector no ha sancionado como debería hacerlo.
En ese sentido, insistimos, las próximas elecciones no solo deben ser transparentes, sino justas y equitativas.
