El cuidado básico de este “espacio” es la tarea mínima de la ley en todo orden democrático. Ahí donde se garantiza tal derecho, sin embargo, empieza el ámbito la responsabilidad. Esta implica la lucha constante que todo ciudadano debe llevar a cabo activamente para desprenderse de las innumerables fuerzas —la costumbre, la peor de todas— que pueden hacer de su pensar, su palabra o su acción algo que no sea la expresión transparente de esa insustituible perspectiva de mundo que él o ella constituyen.

En este sentido, bracear contra las corrientes de pensamiento que “faciliten” nuestra relación con la realidad a través de la simplificación de sus problemas es, para cada uno, la esencia crítica de “ser” ciudadanamente en relación con “lo común”. 

En la coyuntura posterior a la renuncia de Evo una notable mayoría de la población boliviana ha decidido renunciar a esa responsabilidad política fundamental. Es irrelevante si un sector lo ha hecho amparándose en la inverosímil denuncia de un “golpe” contra el “gobierno democrático” o si otro lo hace apelando a la ilusoria gesta pacífica de un “pueblo” contra la “dictadura”, lo cierto es que ambos bandos se han refugiado en la simplicidad caricatural de la épica con tal de no mirar a la cara las complejidades del mundo compartido. 

En tal circunstancia, las palabras “pueblo”, “democracia”, “Bolivia” 

o “justicia” han pasado a convertirse en emblemas grises sostenidos desde la trinchera y lo único que une a los individuos de cada extremo es el haber vaciado igualmente de sentido su individualidad política a través del irresponsable acto de no pensar más allá del eslogan.

Hasta que la ciudadanía no decida asumir su rol indispensable de ciudadanía, lo único que inaugurarán las próximas elecciones es el conteo regresivo hasta la próxima debacle boliviana.