Es en ese escenario que ha surgido la idea de una norma que obligue a los futuros candidatos a debatir entre sí y ha trascendido la “intención” (que espero no se haga realidad) que tendría la Presidenta del Estado de proponer que se organice un “frente único” (se entiende, con representantes de la vieja oposición) para terciar en las próximas elecciones generales.

Se trata, a mi parecer, de dos iniciativas intrínsecamente poco democráticas, que han aparecido por una especie de pánico injustificado ante un eventual buen desempeño del MAS en las próximas elecciones generales. Por eso, vayamos por partes y con serenidad.

Un debate bien organizado entre candidatos es un evento que tiene mucha utilidad para que la gente que lo siga pueda evaluarlos mejor. No tanto, por si acaso, para conocer su visión de país y sus propuestas, sino la capacidad que muestren frente a sus adversarios, interrogadores y público para desenvolverse en un ambiente denso, en el que todos están a la pesca de sus errores y no de sus aciertos.

El expresidente fugado, que de tonto no tiene (o no tenía) ni un pelo, rehuyó siempre debatir con sus rivales y prefirió cargar con el costo de no participar en los debates, seguro de que perdería más si lo hacía. Por ello, el único autorizado a participar en eventos de esta naturaleza fue su vicepresidente que, pese a su experiencia en esas lides, fue arrasado por la candidata vicepresidencial de Bolivia dice No Shirley Franco, en el único debate en el que participó durante la campaña electoral de 2019.

En esa línea, participar o no en un debate entre candidatos es una decisión que los postulantes tienen el derecho de adoptar. Tener que hacerlo por ley es una arbitrariedad, así sea que las presiones para instituir esa obligación hayan surgido de sectores que se sienten profundamente democráticos.

Lo que corresponde es que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) o instituciones de la sociedad (como antaño la Asociación de Periodistas de La Paz, a la que luego se sumaron otras entidades del gremio, o la Confederación de Empresarios Privados) organicen estos debates, inviten a los candidatos y estos tengan la libertad de asistir o no, cargando con los costos y réditos político-electorales que conlleva una decisión de esa naturaleza.

La segunda iniciativa poco democrática es que desde el Órgano Ejecutivo se impulse la conformación de un frente único para terciar en las próximas elecciones generales. Primero que nada, porque no corresponde bajo ningún concepto que este Órgano lance una propuesta de esta naturaleza. Segundo, porque si lo hiciera comprometería su imparcialidad política (que tanto se exigió al MAS) y significaría olvidar (y esto vale para otros campos más) que su misión es administrar el país hasta que se realicen elecciones transparentes, en las que quienes participen tengan iguales derechos y obligaciones.

Además, la iniciativa es impertinente pues ahora se han creado las condiciones para que, después de 16 años, la ciudadanía tenga la posibilidad de votar por quien cree que la representará mejor y administrará con más idoneidad al país, y no en “contra” de alguna de las fórmulas participantes. Para ello, es necesario que se presenten diversas propuestas y de la comparación entre ellas, más los atributos de los candidatos, hombres y mujeres, la gente decida por quién votar.

Si en ese escenario alguna candidatura obtiene el respaldo fijado por ley para acceder al Órgano Ejecutivo, adelante; pero, si ninguna lo consigue, se realizará una segunda vuelta entre las que recibieron mayor votación y ahí sí comenzará el proceso de establecer alianzas entre diferentes.

Sólo respetando la capacidad de la ciudadanía a poder elegir y los resultados que emerjan de un limpio proceso electoral, podremos decir que el país está en camino de recuperar el sentido profundo del sistema democrático y sólo así podremos seguir construyendo, pese a los duros traspiés que hemos dado, la institucionalidad democrática por la que se ha optado desde 1982 (no sólo desde 2006 ni 2016 ni 2018).