Ninguno admite de frente porqué se oponen. Recurren a un juego de palabras que oculta la verdad que hay detrás del rechazo al debate público. Dicen no temer debatir y alegan que a lo que se oponen es a que sea una exigencia, un requisito, una obligación. Si acaso fuera cierto que no le tienen miedo al debate, ¿por qué tendrían que preocuparse ante su obligatoriedad? No quieren que sea ley, porque en realidad no están dispuestos a debatir bajo reglas claras y equitativas. Y se resisten a que así sea, porque saben que no podrán evitar preguntas que no digitan, ni a interlocutores que no controlan.

Alegar que ya hay normas que conducen al debate electoral o a la suposición de que esta es una responsabilidad innata en los candidatos, es también un juego mentiroso. No hay político que ignore la realidad que arrastra Bolivia en esta materia, menos aún la práctica de una vieja estrategia usada por los marqueteros electorales, que suelen “aconsejar” a sus candidatos-clientes a evadir los debates, sobre todo si apuntalan sondeos o encuestas de intención de votos. O sea, que no vengan a alegar voluntad o espontaneidad para ir al debate público, porque en los hechos no les da la gana de encararlo. Así de claro.

La única manera de garantizar el debate electoral es a través de una ley que establezca su obligatoriedad. No hay otro camino. Es más, esto debió de haber sido definido hace rato y estar en vigencia en todos los procesos electorales que se celebran en el país. Argentina y Uruguay son algunos de los países que obligan a sus candidatos a debatir públicamente, y lo hacen pensando sobre todo en la población votante, en el derecho que tiene de ir a una elección, cualquiera sea ésta, debida y oportunamente bien informada. Un derecho al que deberían aspirar también los candidatos, porque es la oportunidad que tienen para confrontar a sus contrincantes y hacer valer sus propuestas y habilidades personales.

Claro, un derecho a ser visto como tal por quienes tienen realmente buenas intenciones. Algo que parece estar ausente en una buena parte de los aspirantes a cualquiera de los tres niveles de gobierno, pero no solo en ellos: la resistencia al debate público en nuestro país es vista también en otros espacios no menos importantes que el de la política. Tal vez esto contribuya a que una propuesta como la hecha por la presidente el 31 de diciembre no movilice a las mayorías de inmediato. En los últimos años hemos vivido un retroceso en muchas prácticas democráticas, entre las cuales sin duda destacan la del diálogo, la del debate abierto de ideas y propuestas, y también la de la rendición de cuentas públicas.

Por eso hay que celebrar la iniciativa de Áñez e ir más allá de la palmadita en la espalda o los elogios ocasionales. Hay que alentar una movilización ciudadana urgente que presione a los asambleístas que tienen hoy en sus manos la decisión de aprobar o no la ley que nos asegure el debate público y obligatorio entre los candidatos que aspiran a representarnos en los poderes Legislativo y Ejecutivo. Esa ley debe aprobarse con carácter de urgencia, en beneficio no solo de una coyuntura electoral que demandará información oportuna y una gran participación ciudadana, sino también como impulso para retomar el proceso de democratización del país en todos los ámbitos, estancado desde hace más de una década.