Examinamos las tensiones subyacentes al nuevo equilibrio de poder en Bolivia, a raíz del proceso abierto tras los hechos de la primavera de 2019, que condujeron al derrumbe del régimen autocrático de Evo Morales y la instalación del gobierno de Jeanine Añez para la realización de elecciones libres y limpias. Su propósito es dar respuesta a la pregunta de cómo surcar con éxito esta segunda transición democrática, que, se entiende, es mucho más que solo el traspaso pacífico del poder. 

Hay que recordar que entre fines de los años 70 y la década de los 80, Bolivia vivió una transición de la dictadura militar al régimen civil y constitucional. 

El proceso actual equivale a una segunda transición en la que una coalición de fuerzas políticas, sociales y territoriales se propone reestablecer el Estado de derecho y reconstruir la institucionalidad republicana para un orden político estable, lo que conlleva que los cambios políticos y económicos y las reformas institucionales discurran en forma ordenada y concertada, evitando la polarización estéril, la confrontación y violencia.

Una revuelta ciudadana consiguió lo que parecía imposible

Una de las claves de esta transición política tiene que ver con la forma en que el pueblo, volcado a las calles para hacer respetar su voto, gatilló una serie de acontecimientos que acabaron precipitando la caída de Evo Morales. Hay dos hechos centrales: la rebelión de las clases medias y el liderazgo de Santa Cruz de la movilización social. Y lo más importante, que la confluencia de ambos fenómenos -algo que no había ocurrido nunca antes- tendría la capacidad de alterar la relación de fuerzas en contra del MAS. 

Esto se vio claramente: i) las ciudades bolivianas fueron una muralla a su afán prorroguista; ii) Evo perdió control de buena parte del territorio nacional; iii) el país se le hizo ingobernable. Su única salida habría sido una solución de fuerza (represión dura e intervención militar), con un costo político alto, pero también eso escapó a sus opciones reales. Con la Policía amotinada, el ejército que lo abandonaba, y el informe de la OEA develando un fraude electoral bochornoso, Evo no tuvo más remedio que renunciar e irse.

La centralidad cruceña

Este desenlace debe ser comprendidos en el contexto de los cambios económicos, sociales y políticos de los últimos cinco años. Pienso en la debacle del modelo de extractivismo rentista y capitalismo de Estado, que dieron soporte a la estabilidad económica y un vasto engranaje clientelista y redes de corrupción de sustentación política. 

El fin de la bonanza exportadora socavaría la sostenibilidad de las políticas populistas. En 2019, la economía boliviana ha desnudado sus flaquezas: crecimiento menguante, abultado déficit fiscal, cifras rojas en cuentas externas, costo por las nubes del subsidio a los combustibles importados, pérdida acelerada de reservas internacionales, apreciación de la moneda boliviana, falta de liquidez en la banca, riesgo de escasez de divisas que podría detonar una crisis financiera.

Simultáneamente, el eje de gravedad de la economía nacional ha virado hacia a los sectores agropecuarios e industriales del oriente movidos por la iniciativa privada. Santa Cruz y su aparato productivo –más robusto y diversificado- se ve en mejor posición para resistir la crisis de los sectores extractivos tradicionales (que no implica que no sienta su impacto).

El dinamismo y competitividad del modelo agroexportador cruceño, contrasta con la trayectoria decadente de la minería y los hidrocarburos. Una prueba de ello es que se intensifica la migración de profesionales, trabajadores empresas y negocios a Santa Cruz desde La Paz, Cochabamba y otras regiones.

Lo que sucede en la economía impulsa la acumulación de poder que experimenta consistentemente la región cruceña; su centralidad económica y peso demográfico y la mayor fortaleza de su gobierno departamental y sus estructuras institucionales y de representación política, refuerzan su influencia nacional y acrecientan su capacidad de presión sobre el Estado. El balance del poder nacional se inclina a su favor.

La irrupción de la clase media

El crecimiento de la clase media es otra tendencia consistente en Bolivia. Las ciudades se convierten en ciudades de capas medias y medias bajas, más abiertas, diversas y socialmente dinámicas. Son más demandantes de servicios de salud, educación, transporte, seguridad, servicios judiciales y gubernamentales; también de empleo, oportunidades económicas, participación política, derechos y libertades. Quieren mejorar su posición social, pero se topan con barreras, a veces infranqueables, que generan frustración y malestar social. La clase media popular no solo teme volver a la pobreza; busca mejorar su bienestar y, si advierte nubarrones en el horizonte, como ocurre ahora, se inquieta por su futuro, especialmente los jóvenes.

Los segmentos medios han sido sensibles a la “desigualdad de trato” en el acceso a bienes públicos, la justicia, los puestos en el sector público, la participación en las esferas de decisión. 

Bajo el régimen del MAS (que ha empoderado como nunca a sectores campesinos, indígenas y cholo-mestizos, y favorecido el enriquecimiento de la “burguesía chola” en la economía informal y subterránea, igual que de empresarios oportunistas allegados al gobierno), las capas medias a menudo se han sentido postergadas y excluidas. De ahí que muchos se ensañen con Evo, atribuyéndole sus males. Por cierto, el estallido de la “primavera boliviana” ha visibilizado ese malestar social y, además, cuando el bloque de poder del MAS dejaba ver fisuras, deserciones, descomposición moral -lo que es propio de un movimiento político trastocado en partido de poder, marcadamente clientelista y apoyado en la corrupción para reproducirse en el gobierno-.

En el caso de Santa Cruz, el malestar de sus sectores medios tiene el ingrediente del repudio al “centralismo”, muy arraigado en la cultura regional. Siendo éste un sentimiento de larga data, la gestión del MAS, con su propensión totalitaria, arrogancia y discrecionalidad sin límites, llevaría las cosas a un punto intolerable. 

Puede entenderse así el disgusto e indignación a raíz del incendio del bosque chiquitano, atribuido a la “invasión” de campesinos collas, cocaleros y traficantes de tierras, protegidos desde el poder político. Este hecho y el torpe manejo de la crisis ambiental, bien pudieron haber provocado un quiebre profundo entre Santa Cruz y el MAS. De hecho, las elecciones de octubre canalizarían el rechazo cruceño a la reelección de Evo, en una magnitud que pocos podían haber advertido. Allí mismo quedó sentenciado su destino.