En la misiva, se plantea que legalmente incluya "sanciones duras para las empresas, instituciones, personas y otros, desde sanciones pecuniarias, multas, clausura y proceso penal, incluso la cárcel para los que osen manipular o direccionar encuestas que puedan influir en la decisión de la gente y sobre todo favorecer a algún candidato".

Para las elecciones de 2019, el TSE emitió un reglamento en el cual la sanción para las empresas que infringían las prohibiciones era la inhabilitación para realizar estudios de opinión y multa.

Barral aseveró que en las últimas elecciones algunas empresas manipulaban resultados para favorecer a un candidato que, ahora, ya no está en el país.

Planteó que el TSE debería auditar los resultados de las encuestas, antes de que sean publicadas, y que proceda con sanciones en caso de encontrar manipulación.