"Ya tenemos una agenda legislativa. Lo primero en (la) bancada nacional vamos a analizar la retoma (del proceso de elección) del Defensor del Pueblo", informó este viernes el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Choque dijo que la bancada del MAS, que tiene mayoría en la Asamblea, también tiene previsto analizar la aprobación del proyecto de ley de debate obligatorio entre candidatos, en el marco de las elecciones nacionales previstas para 2020.

"Lo vamos a analizar en bancada si es conveniente o no (...). No estamos de acuerdo que se lo haga por ley, obligado prácticamente. Debe ser una decisión voluntaria del candidato ir o no a una invitación", señaló.

El martes, la Presidente Jeanine Áñez remitió al Legislativo ese proyecto con el objetivo de promover el "voto informado" a través del debate público y obligatorio entre los candidatos.

"Espero que con sus dos tercios los del MAS puedan también aprobar (esa ley), todos los que son postulantes tienen que ir de cara a la población boliviana", dijo la diputada de Unidad Demócrata (UD), María Calcina.

En la agenda legislativa también está prevista una interpelación a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, sobre las movilizaciones ciudadanas derivadas del fraude en las elecciones generales del 20 de octubre.

Al respecto, la Cámara de Senadores tiene en agenda retomar el debate del polémico proyecto de ´Ley de Garantías´ que en anteriores semanas fue enviado en consulta al Ministerio de Economía y al órgano Judicial.

Organizaciones afines al MAS demandaron un fuero sindical a través de ese proyecto de ley, la abrogación del Decreto 4078, referido a la participación de militares en los operativos de restauración del orden público; y la indemnización para las víctimas fatales y heridos en las jornadas de protestas.

Legisladores de UD y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) advirtieron que ese polémico proyecto de ley elaborado por el MAS pretendía proteger a los responsables de promover los actos de violencia y delitos, lo que bloqueó la aprobación de ese documento en el Senado, aunque ya fue aprobado en la Cámara de Diputados.

Las bancadas del MAS, PDC y UD concertaron ajustes a la redacción de ese proyecto para que no haya "ninguna impunidad ni inmunidad para nadie", a propósito de la ola de vandalismo y violencia tras las fallidas elecciones del 20 de octubre.