El 22 de enero es la fecha establecida para el cambio de autoridades de Gobierno y de los representantes de la Asamblea, pero la anulación de los comicios generales y la renuncia del expresidente Evo Morales ocasionaron un conflicto sin precedentes en la historia boliviana.

Ante esa situación, se espera que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) apruebe una posible ampliación de mandato de autoridades del Ejecutivo y Legislativo para evitar el vacío de poder mientras se realizan las nuevas elecciones.

“Entiendo, con todas las consultas a diferentes constitucionalistas y el asesoramiento que hemos tenido, que lo más apropiado sería que nosotros tengamos la prolongación de mandato”, dijo la jefa de Estado.

Tras la dimisión de Morales el 10 de noviembre, Áñez, exsenadora asumió la presidencia por sucesión constitucional con el objetivo de pacificar el país y viabilizar los nuevos comicios. “No podríamos gobernar sin una Asamblea, creo que es lo más democrático, pero esperaremos el resultado (constitucional)”, afirmó la mandataria.

En anteriores semanas, representantes de las tres fuerzas políticas en la ALP acordaron remitir el proyecto de Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas al TCP para su respectiva consulta.
Ese tribunal admitió esta semana ese proyecto de ley para iniciar su tratamiento y se espera un pronunciamiento antes del 22 de enero.