Hace unas horas, el diputado Amilcar Barral presentó, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una solicitud para que se reglamente y se sancione a empresas y encuestas que incurran en manipulación e influencia del voto de la ciudadanía, por datos sesgados o a favor de uno de los candidatos.

El documento de Barral establece que “para las siguientes elecciones se elabore un reglamento de encuestas y publicación de las mismas, auditando de manera rigorosa y transparente para su autorización, incluyendo en dicho reglamento, sanciones duras para las empresas, instituciones, personas y otros; desde sanciones pecuniarias, multa, clausura y proceso penal, incluso la cárcel, para los que osen manipular y direccionar encuestas que puedan influir en la decisión de la gente y sobre todo favorecer a un candidato”.

El asambleísta sugiere que esta reglamentación debe estar incluida en la modificación de la actual Ley de Régimen Electoral.

Hace un par de días la presidenta, Jeanine Áñez, presentó un proyecto de ley de ajuste a dicha norma para que los candidatos presidenciales y vicepresidenciales sean obligados a debatir públicamente, tal proyecto añade un acápite al artículo 137 de la Ley 026, en el que “se establece la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre todos los candidatos a Presidenta y/o Presidente y Vicepresidenta y/o Vicepresidente, con la finalidad de dar a conocer y/o debatir ante el electorado los programas de gobierno de los partidos y/o agrupaciones políticas en el marco de la transparencia e igualdad de oportunidades previstos en los principios, valores y fines constitucionales del Estado”.

Áñez, quien descartó cualquier candidatura a los comicios nacionales del 2020, fue incluida en una reciente encuesta difundida en últimas horas por una cadena de televisión. Junto a ella se incluyeron candidatos que tampoco oficializaron sus candidaturas.

“Más allá de una norma, se requiere una reglamentación técnica que otorgue una adecuada información a la población, no solo de los resultados, sino de la metodología utilizada. Los ciudadanos deben conocer estos datos”, afirmó a ANF, el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez.

En los pasados comicios, Jubileo fue parte de la alianza estratégica de levantamiento de datos denominada “Tu Voto Cuenta”, junto a la UMSA, y otras instituciones académicas y medios de comunicación; el estudio realizado fue censurado previamente antes de su difusión, desde su primera encuesta.

De manera inédita, fue la única encuesta que no pudo salir el pasado 11 de septiembre, pese a ser la más grande y con un equipo técnico especializado.