Naciones Unidas hace justicia con Eduardo Maldonado Iporre

En 2015, el TSE emitió un reglamento que evitó que sea candidato.

El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organizaciones de Naciones Unidas emitió una resolución expresa por la cual impone al Estado boliviano otorgue una justa compensación en un plazo de 180 días, porque el Tribunal Electoral inhabilitó la candidatura de Eduardo Maldonado Iporre a la Alcaldía de la ciudad de Potosí.

“Lamentablemente, el Estado  vulneró con saña mis derechos políticos y me negó justicia al impedir mi candidatura a la Alcaldía de Potosí en las elecciones sub nacionales del 2015 y la cancelación de la personería jurídica de la agrupación ciudadana Poder Popular, sostuvo Maldonado Iporre.

El también ex defensor del Pueblo y ex senador por el departamento de Potosí en las listas del MAS, explicó que este hecho no sólo fue dirigido contra su aspiración legítima de carácter político, sino también en contra de la abogada Rebeca Delgado, inhabilitando también su candidatura al municipio de la ciudad de Cochabamba y la posibilidad de la población a ejercer su derecho de elegir libremente sus representantes.

“Los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas constituyen un precedente jurídico y una victoria moral contra el abuso y la discrecionalidad de quienes circunstancialmente ejercen el poder”, afirmó.

Asimismo Maldonado Iporre dijo: “es importante dejar claramente establecido que lo principal es que Bolivia debe dar señales inequívocas de respeto a todas las instancias de las que somos parte en el Derecho Internacional, lo cual supone un sometimiento a los dictámenes internacionales en materia de derechos humanos y consecuentemente en defensa de la democracia”.

“El escenario en el cual llega este fallo, es cuando Bolivia ha acudido a tribunales internacionales por el tema del mar, de las aguas del Silala, denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el tema del Hotel Las Américas y la repostulación presidencial, planteando por lo tanto al gobierno nacional  honrar los compromisos adquiridos por el Estado con respecto del Derecho Internacional en un momento de trascendental y crucial  importancia para el país”, añadió.

A su turno, la exdiputada Delgado, aseguró ayer que los siete exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que la inhabilitaron como candidata a la Alcaldía de Cochabamba en 2015 deberán responder penal y civilmente por negarle sus derechos políticos.

Los vocales en cuestión son Ramiro Paredes, Dina Chuquimia, Wilma Velasco, Wilfredo Ovando, Fanny Rivas, Irineo Zuna y Marco Ayala, quienes a finales 2014 emitieron una resolución que prohibió a los legisladores de la gestión 2010-2015 puedan ser habilitados para participar en las elecciones sub nacionales en sus distritos.

Gobierno evaluará el dictamen

Una vez conocido el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que concluyó que el Estado boliviano violó los derechos políticos de dos exlegisladores, la Procuraduría evaluará las modalidades de cumplimiento para el resarcimiento económico que fue dispuesto.

Según el procurador general del Estado, Pablo Menacho, el Estado analizará algún tipo recurso para revertir esta situación, pero vio poco probable que pueda cambiar la situación.

Cuando Delgado se encontraba en campaña para las elecciones subnacionales de marzo de 2015, el TSE emitió un reglamento en el que impedía que cualquier legislador (diputado o senador) se postule para un cargo en sus regiones, ya sea como candidato a alcalde, concejal o asambleísta departamental, con el argumento de que no habían vivido los dos años anteriores en su Municipio o Departamento.

Esta norma perjudicó directamente a Delgado, también fue perjudicado el exsenador Maldonado, que al igual que la cochabambina se alejó del oficialismo estando en funciones como asambleísta, y que no pudo ser candidato en Potosí.