La resolución de la CIDH parece ignorar que el 25 de noviembre pasado la defensora a.i. Nadia Cruz concurrió al cabildo de las seis Federaciones de Cocaleros del trópico de Cochabamba, donde epilogó su discurso con la frase de corte extremista: “Ni olvido ni perdón, justicia”. Previamente había aleccionado, más que contribuir a la pacificación, como ella dijo. Asimismo, rechazó entrevistarse con vecinos de Chasquipampa, Cota Cota, Achumani, Calacoto y otros que sufrieron saqueos de domicilios y negocios después de la renuncia de Evo Morales. Sobre todo, evadió entrevistarse con la madre de una veterinaria cuyo consultorio fue incendiado por turbas masistas. Viéndose rechazados por la Defensora se manifestaron en puertas del recinto, sin otras acciones.

Contra Cox hay denuncias por su indiferencia frente a los abusos de parte de cocaleros en la propia ciudad de Cochabamba y, por activa o pasiva, por una clara falta de imparcialidad. El caso de Vinto fue una respuesta vecinal por la socapa de la alcaldesa a los cocaleros en sus actitudes belicosas con uso de dinamita y armas contundentes. Hay quienes no excluyen el uso de armas de fuego.

Las señaladas circunstancias revelan la improcedencia de la posición de la CIDH, circunstancias debidamente registradas por los medios nacionales y departamentales del país. Por otra parte, este organismo ha emitido un informe parcializado, a su vez, sobre supuestos atropellos contra los derechos humanos en ocasión de los graves hechos protagonizados por los cocaleros del Chapare en Sacaba y en el trópico de Cochabamba, entre los cuales está la voladura del ducto de gas, privando de este elemento a Oruro, El Alto y La Paz y el cerco para impedir la provisión de alimentos a Cochabamba. Parecida acción intentaron militantes del MAS contra la Planta de Energéticos de Senkata y sus actos vandálicos. En Senkata se produjeron sensibles resultados de muertos y heridos, hechos aún en investigación por no existir evidencia de que los proyectiles fueran de armas policiales o de las Fueras Armadas.

En cambio este misma Comisión Interamericana no atendió hasta la fecha las solicitudes de ciudadanos bolivianos, de los partidos políticos y del Comité Cívico de Santa Cruz en sentido de que se pronuncie sobre el manido “derecho humano” de reelección indefinida, recurso que invocó el renunciante Evo Morales. Un justo dictamen al respecto hubiese ahorrado al país todos los avatares y enfrentamientos ocasionados por el intento de una cuarta reelección, rematada por un vergonzoso fraude electoral.