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Medio: El Diario
Fecha de la publicación: sábado 04 de enero de 2020
Categoría: Legislación electoral
Subcategoría: Leyes nacionales y decretos reglamentarios
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El Senado envió al TCP una consulta sobre la pertinencia de la ampliación del mandato de diputados y senadores, que fenece este 22 de enero, cuando debía darse la sucesión de mandato.
“Yo entiendo, con todas las consultas a los diferentes constitucionalistas y el asesoramiento que hemos tenido, que lo más apropiado sería que nosotros tengamos la prolongación de mandato, porque no podríamos gobernar sin una Asamblea. Creo de que es lo más democrático”, afirmó Añez consultada sobre el tema.
Sin embargo, la Presidenta manifestó que aunque es lo más democrático, se debe esperar el resultado de la consulta al TCP para después emitir una “opinión específica”. En tanto, el TCP anticipó que analizará la consulta lo más antes posible para emitir una respuesta antes del 22 de enero.
“Nosotros siempre hemos actuado lo más apegado a la norma, en el entendido de que no estamos en una situación normal”, afirmó la mandataria.
La Cámara de Senadores envió el proyecto de Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas al TCP, para su consulta antes de ser aprobada. El propósito es ampliar el mandato de las autoridades del Ejecutivo y Legislativo a nivel nacional, departamental y municipal.
Este 22 de enero debía realizarse la sucesión de mandato, sin embargo esto es imposible ya que las elecciones del pasado 20 de octubre fueron anuladas, después de una denuncia de fraude.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, señaló que se asumió está decisión para evitar el “vacío de poder”, una vez que finalicen los mandatos de las autoridades. “El país no puede quedarse en incertidumbre ni vacío de poder después del 22 de enero, por eso se ha planteado la extensión de mandato que tiene todos los antecedentes jurídicos”, argumentó.
Waldo Albarracín, a nombre del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), rechazó la ampliación del mandato de la ALP, argumentando que esto no está normado por la Constitución Política del Estado. Según el abogado, cualquier actuación de los legisladores después del 22 de enero “viciaría de nulidad” sus acciones.
En la ciudad de Sucre, la presidente constitucional inauguró el “Año Constitucional 2020» en la ciudad de Sucre, Chuquisaca, y pidió al TCP garantizar a los bolivianos que esta instancia judicial no responda a “intereses oscuros”.
“Hoy ustedes tienen la obligación de actuar en correspondencia y deben garantizar al país que nunca más esta institución se pondrá al servicio del poder para beneficiar intereses oscuros”, dijo la Jefa de Estado en su discurso.
Instó a los juristas a consolidar un TCP que brinde garantías a la sociedad y que responda solo a la fuerza normativa de la Constitución y no a intereses hegemónicos de poder de ningún Gobierno de turno.
“Bolivia necesita de su institucionalidad democrática, hoy los ciudadanos los están observando y con mucha esperanza, no nos defrauden”, dijo.
En la oportunidad, lamentó que, en los últimos 14 años, durante la administración del expresidente Evo Morales, el TCP emitió varias sentencias que ponían en evidencia su sometimiento al Órgano Ejecutivo y más aún con el fallo que dictó esa instancia en noviembre de 2017 para habilitar al binomio del MAS a la reelección.
Por su parte, el presidente del TCP, Paul Franco, expresó su deseo de trabajar para consolidar en el país el retorno de la tranquilidad, la paz y la convivencia pacífica, tras la convulsión social generada entre octubre y noviembre del pasado año por los resultados de las elecciones fraudulentas que derivaron en la renuncia de Morales.
“Estamos comprometidos con dotarle al país de la estabilidad social, que precisa, de la tranquilidad que todo ciudadano añora, porque la Constitución instituye el derecho a la paz”, indicó.