“Más allá de la compensación (económica), lo más importante es haber sentado precedente de esto y nos tiene que ayudar a  los bolivianos a protegernos”, aseveró la exlegisladora que ahora se dedica a la docencia.

En enero de 2015, los tribunales electorales departamentales inhabilitaron a los diputados y senadores titulares de la gestión 2010-2015, que se registraron como candidatos a alcaldes y a otros cargos para las elecciones del 29 de marzo de ese año, entre ellos a Rebeca Delgado, disidente del partido de gobierno, que postulaba a la alcaldía de Cochabamba, y a Eduardo Maldonado, exsenador del MAS que postulaba a la alcaldía de Potosí.

Delgado dijo que los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como los exjueces de la Sala Penal II del Tribunal de Justicia de La Paz, son los responsables de violentar sus derechos y pidió sanciones civiles y penales para ellos.

Maldonado, a través de su cuenta de Twitter, saludó el dictamen de las Naciones Unidas y resaltó que se hizo justicia.

“¡JUSTICIA!…¡GRACIAS! El Comité de DD.HH. de la O.N.U. ha emitido dos dictámenes (2628 y 2629), de fecha 28/03/2018, que señalan al Estado boliviano por la vulneración de nuestros derechos políticos y negarnos justicia. @RebecaDelgadoB @maldonadoiporre”, se lee en su tuit.

El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles instruyó en su fallo al Estado boliviano a pagarle a Delgado y a Maldonado una compensación económica “adecuada” por los gastos legales en que incurrieron.

“El dictamen es como una sentencia a nivel internacional que reconoce que en mi caso ha habido una vulneración de derechos humanos, civiles y políticos; falta de acceso a la justicia, retardación de justicia y discriminación, son varios derechos vulnerados”, agregó Delgado en conferencia de prensa.

Dijo que más allá de la compensación económica a su persona, lo más importante es que se trata de “un precedente para que el Estado boliviano se comprometa a no vulnerar derechos políticos en el futuro”.

Pidió al Estado Boliviano encontrar y juzgar a los culpables de haber violado sus derechos políticos en 2015 y señaló como responsables a los ex vocales del TSE (Dina Chuquimia, Fanny Rivas, Marco Ayala, Irineo Zuna, Wilfredo Ovando, Wilma Velasco y Ramiro Paredes), así como a los exjueces de la Sala Penal II del Tribunal de Justicia de La Paz.

“El fallo de las NNUU no es ‘inabstracto’, es decir que el Estado tiene que encontrar a los responsables de la violación de los derechos humanos. Esto significa que los miembros del TSE que estaban el 2015 han vulnerado mis derechos, son responsables y que ellos tendrán que asumir las responsabilidades civiles y especialmente penales, porque la vulneración de derechos humanos son delitos penales”, aseveró.

Finalmente expresó su confianza en que el Estado acatará el dictamen del Comité de Derechos Humanos y así asegurar que no haya más hechos de violación de derechos humanos, civiles y políticos en el país.