Se lo acusa al expresidente de haber orquestado la matanza del 2009 en el hotel Las Américas, donde las Fuerzas Armadas abatieron a tres extranjeros que supuestamente estaban planeando un ataque contra Evo. También de terrorismo y sedición por ordenar el bloque de los accesos a La Paz. Y finalmente de usurpación de funciones ya que esta semana, pese a no estar a cargo del Ejecutivo, inauguró una obra en Tarija desde Buenos Aires, vía telefónica.

Estos procesos judiciales se terminaron de activar en los últimos días ante la Fiscalía General de Bolivia, según revela un medio de comunicación, y forman parte de la ofensiva que fue construyendo el gobierno interino de Jeanine Áñez contra el exmandatario.

El nombramiento de los constitucionalistas Eugenio Zaffaroni y Gustavo Ferreyra como abogados defensores de Morales tiene como objetivo dar pelea en este enredado escenario legal, que puede complicar al exmandatario.

Una de las denuncias más intrincadas se refiere al operativo realizado por fuerzas especiales el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra. Allí murieron tres extranjeros húngaros y otros dos fueron apresados. La versión oficial señalaba que integraban una célula terrorista cuyo objetivo era atentar contra Evo y su vice, Alvaro García Linera.

El caso se convirtió en un escándalo en 2015 cuando el coronel Germán Rómulo Cardona entregó un documento “ultrasecreto” al Comando Militar del Ejército en el que denunciaba que las armas supuestamente utilizadas por los “terroristas” habían sido plantadas, y que provenían de una requisa de un hecho delictivo anterior. Los peritajes independientes y el fiscal del caso coincidieron en que las pruebas fueron “sembradas”.

Sin embargo, el gobierno calificó en ese momento a Cardona de “esquizofrénico” y lo dio de baja. La Fiscalía archivó el expediente. A los pocos días el militar solicitó refugio en España. En estos años nunca se confirmó legalmente la operación “terrorista”. Cardona volvió en las últimas semanas a La Paz y presentó una nueva denuncia. La causa se reabrió.

La segunda demanda tiene como base la grabación de una supuesta conversación telefónica que Evo mantuvo con el dirigente cocalero Faustino Yucra en medio del conflicto de noviembre. Allí le pide que cierre todos los acceso a La Paz para evitar que ingresen alimentos. El exmandatario lo niega.

La tercera ocurrió esta semana y la demanda la inició el abogado Omar Durán, quien acusa a Morales de “usurpación de funciones, sedición y otros”, por haber desconocido la autoridad de la presidente interina ya que inauguró una obra vía telefónica con el aval del vicegobernador de la provincia O'Connor (Tarija), Walter Ferrufino.

La cuarta es por crímenes de lesa humanidad y fue presentada por un buffet de abogados bolivianos con sede en París ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, quien debe evaluar si le da curso o no. Se refiere a los hechos represivos que hubo durante la revuelta popular que se desató luego de las elecciones del 20 de octubre pasado en varias ciudades bolivianas, ante supuestas irregularidades con el conteo de votos.

El estudio jurídico de Alfonso M. Dorado, quien hizo la denuncia, afirma que en “hubo un ataque generalizado, coordinado y organizado entre el 27 de octubre y el 20 de noviembre de 2019” contra la población que protestaba, y que Evo Morales y su gente estuvo detrás. “Los actos reprehensibles son múltiples, han vulnerado claramente los derechos fundamentales de los ciudadanos bolivianos”, afirmó el buffet en la presentación que hizo.