Hace unas horas, el diputado Amilcar Barral presentó, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una solicitud para que se reglamente y se sancione a empresas y encuestas que incurran en manipulación e influencia del voto de la ciudadanía, por datos sesgados o a favor de uno de los candidatos.

El documento de Barral establece que “para las siguientes elecciones se elabore un reglamento de encuestas y publicación de las mismas, auditando de manera rigorosa y transparente para su autorización, incluyendo en dicho reglamento, sanciones duras para las empresas, instituciones, personas y otros; desde sanciones pecuniarias, multa, clausura y proceso penal, incluso la cárcel, para los que osen manipular y direccionar encuestas que puedan influir en la decisión de la gente y sobre todo favorecer a un candidato”.

El asambleísta sugiere que esta reglamentación debe estar incluida en la modificación de la actual Ley de Régimen Electoral. 

Áñez, quien descartó cualquier candidatura a los comicios nacionales del 2020, fue incluida en una reciente encuesta difundida en últimas horas por una cadena de televisión. Junto a ella se incluyeron candidatos que tampoco oficializaron sus candidaturas.

“Más allá de una norma, se requiere una reglamentación técnica que otorgue una adecuada información a la población, no solo de los resultados, sino de la metodología utilizada. Los ciudadanos deben conocer estos datos”, afirmó a ANF, el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez.

En los pasados comicios, Jubileo fue parte de la alianza estratégica de levantamiento de datos denominada “Tu Voto Cuenta”, junto a la UMSA, y otras instituciones académicas y medios de comunicación; el estudio realizado fue censurado previamente antes de su difusión, desde su primera encuesta.