"Las elecciones subnacionales van a comenzar, de acuerdo a lo que dice la ley, una vez que cerremos completamente el ciclo de la elección presidencial, es decir una vez que este posesionado el próximo presidente de Bolivia en ese momento el Organismo Electoral comienza los preparativos para la elección subnacional", explicó Romero.

Sobre la fecha de la elección subnacional, el presidente del TSE, explicó que esta depende del ciclo de la elección presidencial. "La fecha de la elección subnacional no está precisada porque depende de cuando se cierre el ciclo de la elección presidencial no es lo mismo si se define en primera vuelta, que si se define en segunda vuelta, esto por supuesto impacta en el momento en que  se realizaría la elección subnacional", argumentó.

"Una vez que esté concluido el ciclo presidencial, la elección subnacional se realizaría también en un lapso de 120 días que es el tiempo mínimo en el que se puede organizar un proceso electoral. Es un tiempo muy corto, sin embargo el Organismo Electoral ha entendido que hay necesidades en el país, para llevar adelante la transición y por lo tanto estamos ajustando los calendarios y cronogramas electorales a estas necesidades", añadió.

El calendario de elecciones generales tiene dos partes, la primera concluye con la elección general, y se abre la segunda fase cuando es necesaria una segunda vuelta. Esto no ha sido necesario en los procesos electorales pasados, puesto que el MAS de Evo Morales ganó en primera vuelta y los partidos políticos podían encarar la campaña para la elección subnacional sin problemas.

Sobre la determinación de que las autoridades renuncien a su cargo 120 días antes de las elecciones, el presidente del TSE explicó que el Organismo Electoral hará cumplir  la normativa que está vigente en este momento.

"La posición del Organismo Electoral será la que señale la ley y por lo tanto vamos a aplicar lo que diga la normativa en ese momento", afirmó.

En julio del 2019, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dejó sin afecto el requisito que obligaba a las autoridades electas a renunciar a sus cargos tres meses antes de las elecciones, a petición de los diputados Norma Piérola del PDC y Alcides Gallardo de UD. El TCP determinó la anulación del numeral 3 del artículo 238 de la Constitución Política del Estado para dar aplicación preferente del art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Gracias a esta determinación, el gobernador de La Paz Felix Patzi y el senador Oscar Ortiz, pudieron presentarse como candidatos a la presidencia, sin renunciar a sus cargos.