Esa misión encomendada por las corrientes ciudadanas, las más jóvenes que salieron a las calles en defensa de sus votos y sus derechos, está en proceso de ejecutarse, se fijarán fechas, se establecerá un nuevo calendario electoral y se dispondrá de las condiciones más apropiadas, para que nunca más se implante un régimen autoritario que en la peor demostración del manejo de la democracia, se propuso con varias artimañas, desconocer el valor de la propia Constitución Política del Estado (CPE) desconociendo la voluntad del pueblo y prolongando su permanencia en el uso arbitrario de los bienes del Estado.

Todo lo malo tiene un final igualmente malo. La reacción ciudadana se dejó sentir en el país después de muchos años y ante la inminencia del fraude electoral, apresuró sus movilizaciones que por fuerza y contundencia voltearon la caprichosa posición de gobernantes con intenciones prorroguistas y el resultado es el cambio obligado en la gobernabilidad del Estado, ahora en camino hacia la consolidación de un reto que nos devuelva respeto a todos los derechos ciudadanos y la garantía de tener luego un Gobierno respetuoso en apego a las leyes y cuidando los grandes intereses de la colectividad.

El cierre del año pasado no ha sido el mejor, el saldo de la aventura eleccionaria fraudulenta, y tras su revelación y denuncia por un organismo internacional, apurando el escape de los responsables y obligando al resto a una posición entre a buen recaudo y asilarse diplomáticamente, la mayoría de implicados tienen ya muy pocas opciones para resistir el peso de las leyes bolivianas, esas que ellos mismos utilizaron para anular a sus oponentes y que ahora serán utilizadas para ponerlos frente a la justicia, la realidad y la urgente necesidad de responder a la denuncia del pueblo.

Los políticos observan el curso de los acontecimientos y es evidente que algunos "favores del último tiempo están pagando facturas", un proceso que lamentablemente ha complicado las relaciones internacionales de un par de países interesados en cuidar a cierta élite política nacional que "sabe mucho" de relaciones, negocios y movimientos de esos grupos que están transitando por varios países al amparo de corrientes ideológicas que muestran sus grandes intereses, en varios países de la región.

Menos mal que en nuestro país, se aplicó el freno oportunamente y con las últimas acciones decididas desde el Gobierno, exigiendo respeto para Bolivia, las cosas entran en un proceso que tomará característica especial a partir de este inicio del 2020.

Es cierto que no tenemos mucho para plantear en función de planes nacionales tomando en cuenta la limitación de tiempo en el manejo del Estado, pero se considera que poner en su lugar los elementos que amenazan nuestra democracia, es una actitud oficial que merece pleno respaldo de la sociedad boliviana, para reivindicar los derechos alterados por malsanos intereses políticos que se mueven con hilos externos. Vamos 2020, es el tiempo del orgullo nacional.