Caso inhabilitación: MAS admite daño y apunta a exvocales de TSE

La exdiputada Rebeca Delgado pidió un proceso contra los exvocales electorales que aprobaron la circular, por la cual se vetó su candidatura municipal.

Beatriz Layme  / La Paz

El MAS reconoció que  hubo violación de derechos políticos de los exlegisladores Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, tal como estableció el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El partido de Gobierno consideró   que el Estado pagará los daños, pero que el dinero deberá salir del bolsillo de los exvocales del Tribunal Supremo  Electoral (TSE)  que  emitieron la resolución que vetó la candidatura de los exasambleístas. 

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el pasado 28 de marzo  concluyó que el Estado boliviano  violó los derechos políticos de los exmiembros del Legislativo al inhabilitarlos como candidatos a alcaldes de sus respectivas ciudades en las elecciones subnacionales de 2015. 

En ese marco, la ONU definió una “compensación adecuada”, que incluya los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional.

Frente a ese dictamen, el diputado del MAS  Víctor Borda  sostuvo  que Bolivia “tiene que pagar”, pero   el Estado podrá iniciar una acción de repetición (un proceso en el que se busca hallar responsabilidad contra los funcionarios),   establecida en  el artículo 113 de la Constitución.    

“Si bien se le  condenó al Estado, el Estado  tiene la obligación de reparar el daño previa cuantificación, pero según la Constitución, el Estado podrá repetir el pago y podrá iniciar una acción en contra de las autoridades que incurrieron en la violación para que devuelvan el dinero que pagará el Estado”, explicó Borda.

La Constitución, en su artículo 13, numeral II,   señala: “En  caso  de  que  el  Estado  sea  condenado  a  la  reparación  patrimonial  de  daños  y  perjuicios,  deberá interponer  la  acción  de  repetición  contra  la  autoridad  o  servidor  público  responsable  de  la  acción  u omisión que provocó el daño”.

El TSE emitió la Circular 71/2014  que establecía que los asambleístas nacionales (senadores y diputados) del periodo legislativo 2010-2015 no podrían postularse a varios cargos municipales y regionales, incluidos los de alcalde/sa. Por esa circular, Delgado y Maldonado fueron inhabilitados.

Similar suerte corrió el exdiputado Edwin Tupa,  “librepensante” del MAS.

 En 2014   eran  vocales del TSE Wilma Velasco, Ramiro Paredes, Wilfredo Ovando, Daniel Ayala, Dina Chuquimia, Irineo Zuna y Fanny Rivas. Delgado pidió  un proceso contra  las exautoridades     que aprobaron la circular, por la cual fue   inhabilitada para ser candidata a la Alcaldía de Cochabamba en los comicios de 2015.

“Lo menos que debería hacer el Estado es establecer juicios a los funcionarios responsables, porque el Estado Plurinacional no  actuó  en abstracto, aquí ha habido una circular que fue  emitida por el anterior TSE, cuando estaban Wilfredo Ovando y los otros vocales, que sacaron una circular inconstitucional”, afirmó Delgado.

  En criterio de Maldonado, no sólo los exvocales  violaron sus derechos. También están -dijo- los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el vicepresidente Álvaro García Linera y los miembros de la Asamblea Legislativa de ese entonces.

 “El TCP de la manera más vergonzosa y escandalosa por meses paralizó la tramitación de una audiencia de amparo constitucional, nos denegó justicia. A ello se debe observar el silencio cómplice en la que incurrieron las principales autoridades del Órgano Legislativo, empezando por Álvaro García Linera”, advirtió Maldonado, antes de  afirmar que las acciones de las autoridades “sin duda formaron parte del esquema perverso dictado por el Órgano Ejecutivo”.

Respecto a la supuesta ingerencia del Ejecutivo en las decisiones de la justicia y el ente electoral, el procurador Pablo Menacho señaló: “el Comité de Derechos Humanos reafirmó la institucionalidad del Estado y la independencia e imparcialidad en la actuación de los órganos del Estado”.

Consultado sobre el resarcimiento por el daño, Menacho,  sin dar detalles, expresó  que “se va a analizar alguna modalidad de repetición de pago”.

 El jefe de bancada de Unidad Demócrata, el senador Arturo Murillo, sostuvo que la acción de repetición que pretende aplicar el MAS,  para que sean las exutoridades del TSE las que paguen el resarcimiento,  debe ser una llamada de atención para los funcionarios “serviles”.  “El mensaje es claro:  fiscales, jueces sigan violando laley que los únicos que pagarán son ustedes”, manifestó.

Punto de vista
 MARCELO YÁÑEZ  Abogado constitucionalista

  “Nadie puede ser impune de manera eterna y concentrar poderes” 

Está claro que la justicia contra las violaciones van a venir de afuera y el Gobierno debería estar por lo menos consciente   de esa situación,  porque en las últimas semanas entidades internacionales se están pronunciando sobre las injusticias y violaciones contra los derechos humanos.

   Entonces, el mensaje está claro:  que el mundo es ancho y ajeno, que nadie puede ser impune de manera eterna y  concentrar poderes y tener sometido a la justicia, a la Contraloría, a la  Defensoría del Pueblo produce resultados cortos, pero a mediano y largo plazo  habrá otros resultados.

   La justicia puede demorar, pero llega, o como decía Franz Tamayo “nadie puede ser impune eternamente”.

 Ahora a las autoridades no les queda más que cumplir de buena fe la resolución de las entidades internacionales.

Ahora,  el régimen está entre la espada y la pared en estos temas. No olvidemos que hemos acudido ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para el diferendo marítimo con Chile. Estamos reclamando a La Moneda que cumpla sus compromisos de buena fe y como estimamos que nos  favorecerá, por lo mismo Bolivia tiene que honrar  sus compromisos.

 Estamos obligados a cumplir estos fallos u otros que vengan de las entidades internacionales de Derechos Humanos.

 Entonces, el régimen, el Gobierno está en una encrucijada y el Gobierno debe cumplir y ser mínimamente coherente con su discurso de que Chile tiene que cumplir, honrar sus compromisos.

  El otro mensaje del fallo de la Organización de las Naciones Unidas es a los operadores del sistema de  justicia, especialmente a quienes están de rodillas atando wuatos a las autoridades gubernamentales, validando las arbitrariedades y abusos contra los derechos humanos, es  que ellos serán los próximos en recibir una sanción si siguen vulnerando los derechos.

  Claramente,  el artículo 113 de la Constitución Política del Estado obliga que cuando los funcionarios son los que vulneraron los derechos humanos, políticos o civiles, la Procuraduría del Estado debe repetirles para que ellos sean los que terminen pagando los gastos del daño, pues  sería injusto que los bolivianos sean los que paguen las barbaridades que cometieron los funcionarios.