Fue hace un par de días que la presidente Jeanine Áñez presentó este proyecto de ley que propone un ajuste a la Ley 026 de Régimen Electoral y que será tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), de los cuales algunos de sus miembros ya anticiparon que esta posible norma incurre en una "obligación arbitraria" hacia los candidatos.

En esa misma línea el analista político, Carlos Cordero, manifestó que es destacable que desde el Estado se promuevan espacios para que se produzcan los debates de los candidatos en igualdad de condiciones para que el ciudadano tome la mejor decisión, sin embargo "no está bien que sea obligatorio, porque debe ser de forma voluntaria, siendo que esa es la esencia de la democracia".

Este proyecto de ley que Áñez presentó, haciendo cuestionamientos a los más de diez años que el expresidente Evo Morales se negó a participar de debates públicos con sus contendores en los diferentes comicios electorales, añade un acápite al artículo 137 de la Ley Electoral, siendo que "se establece la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre todos los candidatos a Presidenta y/o Presidente y Vicepresidenta y/o Vicepresidente, con la finalidad de dar a conocer y/o debatir ante el electorado los programas de gobierno de los partidos y/o agrupaciones políticas en el marco de la transparencia e igualdad de oportunidades previstos en los principios, valores y fines constitucionales del Estado".

"Mi debate es con el pueblo", era la frase recurrente que el exmandatario Morales tenía ante los pedidos y desafíos de los demás candidatos para un encuentro público de análisis de propuestas. Su silla siempre permanecía vacía. Nunca participó de entrevistas o discusión con algún otro postulante.

"Sin duda es importante que el votante esté informado y que los candidatos tengan la misma oportunidad en dar a conocer sus propuestas al pueblo, pero no es necesaria una ley que los presione o que los obligue. El debate debe ser una práctica consuetudinaria de los actores políticos, porque es necesario dejar de votar por los rostros y hacerlo por las propuestas", aseguró a ANF el exrector de la UMSA, Waldo Albarracín.

Una opinión similar la tuvo a través de su cuenta de Twitter el sociólogo y economista Roberto Laserna. "Obligar a debatir bajo sanción legal es similar a obligar a los partidos a seleccionar candidatos con primarias o a tener cuotas corporativas en sus listas. Son gestos en apariencia democráticos, pero de hecho autoritarios.