El procurador General del Estado, Pablo Menacho, afirmó que se analizará cómo compensar los daños ocasionados a Delgado y Maldonado, ambos ex integrantes del MAS y vetados como candidatos a las alcaldías de Cochabamba y Potosí, respectivamente.

Manifestó que ya se tiene conocimiento de los dictámenes en ambos casos y resaltó que desestiman alegaciones infundadas de los peticionarios.

"En primer lugar (se desestima) que habría existido injerencia o presión por parte del Ejecutivo, y en segundo lugar los dictámenes han establecido que independientemente de la designación de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), estos han actuado de forma independiente", explicó la autoridad.

Enfatizó que "las modalidades de cumplimiento serán analizadas en su respectivo momento", anticipando que "se va a analizar alguna modalidad de repetición de pago", sin dar más detalles al respecto.

El diputado Víctor Borda (MAS), afirmó que el dinero que desembolse el Estado puede ser reembolsado por los ex vocales del TSE que tomaron la decisión de inhabilitar a los masistas disidentes.

LA DETERMINACIÓN

El fallo le da al Estado boliviano 180 días para que cumpla con el mismo y demanda que lo difunda y los traduzca a las lenguas oficiales de Bolivia.

El fallo señala que los derechos de Delgado fueron violados, al habérsele impedido ser candidata, y por tanto "el Estado parte debe, entre otras medidas, ofrecer una compensación adecuada a la autora (no señala monto preciso), que incluya los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional".

Delgado identificó a los entonces vocales del TSE, a dos integrantes del Tribunal de Justicia de La Paz y al entonces Procurador, Héctor Arce, como los responsables de la vulneración de sus derechos civiles. Un reglamento del ente electoral le impidió ser candidata, así como a Maldonado, porque ambos venían de ser asambleístas.

Entonces activaron sus demandas ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por vulneración a sus derechos humanos y políticos.

LOS GANADORES

Con distintos matices, Delgado y Maldonado reaccionaron ayer a los fallos que los favorecieron.

La cochabambina –ex viceministra, ex asambleísta, ex diputada y ex presidenta de la Cámara Baja–, decidió alejarse en 2012, del oficialismo hasta declararse “librepensante”.

Ayer consideró que el fallo es para Bolivia "una jalada de orejas a nivel internacional".

Sobre lo que queda por delante, basada en la sentencia, dijo que el Gobierno "tiene que determinar responsabilidades (de) los que han vulnerado mis derechos, creo que estaba Wilfredo Ovando como Presidente y seis vocales más (del TSE), la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y el entonces Procurador, Héctor Arce. No es en abstracto, tienen que determinar los responsables de la vulneración de derechos humanos".

En una conferencia de prensa, la disidente del oficialismo dio por cerrada su etapa política, descartó alguna candidatura y afirmó que aún no se determinó el monto del resarcimiento, mismo que será analizado con sus abogados y con el ex senador Maldonado, a quien también se le impidió postular en Potosí.

"Más allá de la compensación, es haber sentado precedente de esto y que esto nos debe ayudar a los bolivianos a protegernos como ciudadanos (...) Quienes han vulnerado los derechos deben hacer la compensación", explicó.

Y finalizó indicando que "Héctor Arce, que era entonces Procurador, debe responder cómo se va a garantizar que nunca más se vulneren derechos civiles en Bolivia (...) Voy a esperar los 180 días (de plazo que dio la ONU), espero que cumplan, ahora quien tiene la pelota en su cancha es el ahora Procurador General".

Maldonado, a través de su cuenta en Twitter, saludó el dictamen y resaltó que se hizo justicia.

"¡JUSTICIA!...¡GRACIAS! El Comité de DD.HH. de la O.N.U. ha emitido dos dictámenes (2628 y 2629), de fecha 28/03/2018, que señalan al Estado boliviano por la vulneración de nuestros derechos políticos y negarnos justicia", indicó en su tuit.