Actualmente, en Argentina y Uruguay el debate es obligatorio y las cortes electorales de ambos países son los rectores de los encuentros cara a cara de los candidatos.

Similar norma podría contar Bolivia, para que la misma sea aplicada en el proceso eleccionario que este año se realizará para elegir, luego de los comicios anulados del  20 de octubre de 2019, a los nuevos mandatarios bolivianos que gobernarán durante los próximos cinco años.

“Se establece la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre todos los candidatos a Presidenta y/o Presidente, y Vicepresidenta y/o Vicepresidente del Estado, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado, los programas de gobierno de los partidos y/o agrupaciones políticas, en el marco de la transparencia e igualdad de oportunidades previstos en los principios, valores y fines constitucionales del Estado”, señala el artículo 137 bis de la modificación de la norma planteada.

La propuesta señala también que “los debates se realizarán dentro del plazo de los 10 días antes de la fecha de la elección. En caso de segunda vuelta, los debates se realizarán dentro de los cinco días antes de la fecha de la elección”.

El proyecto de Ley que se espera sea aprobado prontamente, también indica que la planificación, organización y ejecución de los debates serán realizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y transmitidos de forma obligatoria, en vivo y en directo, por todos los medios de comunicación estatales, con mecanismos necesarios de accesibilidad, tales como lenguaje de señas y subtitulado visible.

En términos generales, el debate preelectoral no debería ser obligado por una norma. Al contrario, los candidatos, implícitamente, deberían acudir sin pretexto alguno a los debates que se organicen durante el proceso eleccionario. Esos son los espacios democráticos en los que los aspirantes se confrontan ideológicamente en igualdad de condiciones, pero, además, los electores pueden conocerlos más y despejar las dudas que tienen.

Sin embargo, en casos como el de Bolivia y durante más de una década, los debates entre presidenciables, prácticamente, han estado ausentes, a excepción del que se realizó entre los exvicepresidenciables del MAS, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dijo No, el 16 de septiembre de 2019.

La norma ahora apunta a que todos, sin excepción y pretexto, debatan obligatoriamente sus propuestas ante el electorado.