Si se mira el retrovisor, se llegará a la conclusión de que el último proceso electoral con debates fue el de 2002. Entonces, había varios, cada uno impulsado por organizaciones diversas. Acudir a una confrontación de ideas era natural y necesario. Empero, desde la irrupción de Evo Morales con alta preferencia electoral, en 2005, estos eventos dejaron de realizarse hasta el presente, bajo argumentos tan absurdos como que el expresidente debatía con el pueblo, cuando de lo que se trataba era de esconder su incapacidad de dar a conocer argumentos y, más aún, de escuchar que alguien le refute algo.

La mala maña no fue solamente de Evo Morales, ya que los candidatos a alcaldes y gobernadores e incluso algunos postulantes a la Presidencia en las recientes elecciones de octubre, rehuyeron la confrontación de ideas. Bajo argumentos como la falta de tiempo, entre otros, escaparon a esa responsabilidad fundamental.

Las democracias sólidas y maduras tienen el debate como paso obligado en la carrera por la Presidencia de un Estado. EEUU tiene casos memorables, como aquella confrontación entre Richard Nixon y JF Kennedy, la primera televisada, donde fueron fundamentales no solo los discursos, sino también las formas de expresión y hasta de vestir. Porque de los debates sale la posibilidad de interpretar la conducta del candidato, de lo que es capaz de hacer y de lo que no. En España, Argentina, Uruguay y otros tantos países alrededor del mundo hay confrontación pública de ideas y gana todo el electorado. Solo donde hay autoritarismos, esta exposición de planes es inexistente: Venezuela, Cuba, Nicaragua y pocos más.

Hay que saludar la iniciativa de la presidenta para modificar la Ley de Régimen Electoral y hacer obligatoria la asistencia de los candidatos a debates políticos. No tendría que haber una norma para comprender que este paso es imprescindible, pero parece necesaria, a la luz de cómo se ha desarrollado la política en Bolivia desde el año 2003.

Si se mira el retrovisor, se llegará a la conclusión de que el último proceso electoral con debates fue el de 2002. Entonces, había varios, cada uno impulsado por organizaciones diversas. Acudir a una confrontación de ideas era natural y necesario. Empero, desde la irrupción de Evo Morales con alta preferencia electoral, en 2005, estos eventos dejaron de realizarse hasta el presente, bajo argumentos tan absurdos como que el expresidente debatía con el pueblo, cuando de lo que se trataba era de esconder su incapacidad de dar a conocer argumentos y, más aún, de escuchar que alguien le refute algo.

La mala maña no fue solamente de Evo Morales, ya que los candidatos a alcaldes y gobernadores e incluso algunos postulantes a la Presidencia en las recientes elecciones de octubre, rehuyeron la confrontación de ideas. Bajo argumentos como la falta de tiempo, entre otros, escaparon a esa responsabilidad fundamental.

Las democracias sólidas y maduras tienen el debate como paso obligado en la carrera por la Presidencia de un Estado. EEUU tiene casos memorables, como aquella confrontación entre Richard Nixon y JF Kennedy, la primera televisada, donde fueron fundamentales no solo los discursos, sino también las formas de expresión y hasta de vestir. Porque de los debates sale la posibilidad de interpretar la conducta del candidato, de lo que es capaz de hacer y de lo que no. En España, Argentina, Uruguay y otros tantos países alrededor del mundo hay confrontación pública de ideas y gana todo el electorado. Solo donde hay autoritarismos, esta exposición de planes es inexistente: Venezuela, Cuba, Nicaragua y pocos más.

La ausencia de debate genera perjuicios. En Bolivia fue utilizada por Evo Morales y por el MAS para vender la idea de que el único modelo de Gobierno era el de ellos, haciendo creer que todo lo demás no servía. El país no pudo conocer otras propuestas porque hasta los candidatos opositores se creyeron el discurso y no se atrevieron a mostrar que ideas diferentes podían ser útiles para el país; se quedaron en la simple reacción a lo propuesto por el MAS.

Ahora que nos acercamos a nuevas elecciones nacionales, que deben ser libres y sin condicionamientos ideológicos o de cualquier otra índole, los siete millones de electores podrán comparar el modelo del MAS con el modelo de Luis Fernando Camacho o el de Carlos Mesa y de todos los postulantes. Podrán sacar sus propias conclusiones y elegir con responsabilidad el país que quieren los próximos cinco años. Afortunadamente, en esa presentación y confrontación de ideas habrá libertad para expresar y para opinar.

A mayor exposición de planes de Gobierno, menor será el sometimiento ciudadano a la guerra sucia o a las noticias falsas. No significa que no existirán, pero el cerebro de los electores estará más preparado para separar la paja del trigo.

Hay que fortalecer la democracia. La iniciativa de la presidenta debe apoyarse. Los candidatos que no estén dispuestos a debatir, será mejor que se queden en su casa y no busquen el voto ciudadano, porque negarse a presentar un plan sólido de Gobierno significa irrespetar al elector y al país.

Bolivia se cansó de que quienes se creen por encima de los demás y usen su índice de aprobación para no debatir.