El 17 de octubre de 1931, Alphonse Gabriel Capone fue declarado culpable de 23 cargos vinculados a la evasión de impuestos y condenado a 11 años de cárcel. Fue el principio del fin para el hombre más poderoso del crimen en Estados Unidos que había llegado a ese punto beneficiándose del vicio y eliminando o haciendo eliminar a sus enemigos y competidores.

Pese a sus múltiples delitos y a su responsabilidad en la Masacre de San Valentín, el gobierno federal nunca había podido probar nada en su contra porque sus abogados se encargaron de cubrirlo legalmente. Para inculparlo, fue necesario promulgar algunas leyes de manera que la gente que acomodó en el congreso no se diera cuenta de que era para cazarlo.

Y es que, si de hacer justicia se trata, siempre hay maneras de utilizar las leyes porque para eso fueron promulgadas. 

Pero no parecen entenderlo los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, aprovechando que el país estaba distraído con el Año Nuevo, nos dieron el peor regalo al rechazar las denuncias que buscaban quitarle la personería jurídica al MAS.

Es probable que las demandas en ese sentido no encajen en lo establecido por el artículo 58 de la Ley 1096, de Organizaciones Políticas, pero lo que preocupa es que, al interpretarla, el nuevo TSE no tomó en cuenta los obvios antecedentes que giran en torno a ellas.

En lo legal, parecen olvidar –porque sería vergonzoso que no lo sepan– que la Ley 1096 fue elaborada y promulgada a la medida del MAS y sus aspiraciones de mantenerse indefinidamente en el poder. En ese sentido, el anterior TSE la aplicó para favorecerlo. 

Es cierto que, ilegítima y todo, esa ley está vigente y se la debe respetar pero, como saben los abogados, la aplicación de la norma no debe ser exegética; es decir, no limitarse a un artículo, sin tomar en cuenta el contexto.

Y en el contexto están el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, que el MAS no respetó, porque no le convenía; la Sentencia Constitucional 0084/2017, que habilitó inconstitucionalmente al binomio Evo Morales/Álvaro García y, finalmente, el gigantesco y pantagruélico fraude electoral del 20 de octubre de 2019. 

Por todos los hechos que giraron en torno a esas flagrantes vulneraciones a la voluntad popular, el MAS puso en marcha un golpe de Estado a partir del 21F y, al cometer el fraude, le ocasionó uno de los más grandes daños a la democracia y a la credibilidad de la ciudadanía en su sistema jurídico.

Con su decisión del 31 de diciembre, el TSE le está dotando de impunidad al MAS y eleva nuestras sospechas de que ese partido influyó en las designaciones de algunas de sus autoridades. 

Nos quitan motivos para creer en la transparencia de las próximas elecciones.