Delgado fue inhabilitada por esa circular del TSE que prohibió a los asambleístas nacionales del periodo 2010-2015 postular a cargos subnacionales, a excepción de los cargos de gobernador  y asambleísta departamental, bajo la figura de que no cumplían con los dos últimos años de residencia en el municipio al que aspiraban para llegar a la Alcaldía.

Tal circular,  para el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “no se basó en criterios razonables y objetivos claramente previstos por la ley” y “restringió el derecho a postular al cargo de alcaldesa” de Delgado, razón por la que se dispuso el pago de parte del Estado de una compensación económica a favor de la afectada y la adopción de medidas que eviten que tal situación vuelva a suceder.

Frente a esta situación, Delgado dijo hoy, en entrevista con Página Siete, que amerita el inicio de un proceso legal en contra de los siete vocales del TSE que aprobaron tal circular "inconstitucional": Dina Chuquimia, Fanny Rivas, Marco Ayala, Irineo Zuna, Wilfredo Ovando, Wilma Velasco y Ramiro Paredes.

“Lo menos que debería hacer el Estado es establecer juicios a los funcionarios responsables, porque el Estado Plurinacional no ha actuado en abstracto, aquí ha habido una circular que ha sido emitida por el anterior TSE, cuando estaban Wilfredo Ovando y los otros vocales, que sacaron una circular inconstitucional”, demandó Delgado.

Mencionó que el dictamen del Comité marca una jurisprudencia en el país para que no se vuelvan a emitir este tipo de circulares por parte del TSE, por lo que los actuales asambleístas nacionales no deberían ser prohibidos de postular a la alcaldía de un municipio en las próximas elecciones.

Compensación económica

Sobre la compensación económica que el dictamen define debe pagar el Estado a la exdiputada, ella indicó que esto se definirá en los próximos 180 días, que la propia resolución dispone. No mencionó a cuanto alcanza esta compensación, pero debe cubrir los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional que le demandó a Delgado este proceso ante el Comité.

“El Estado ahora tiene que responder qué va a hacer para cumplir esto, con qué se opone, qué dice, qué hace e insisto, se trata ya de una ley internacional que nosotros como país, como establece la Constitución, los tratados internacionales son leyes internas. Ahora esperamos qué va a hacer el Estado”, precisó Delgado.

El dictamen en su último acápite señala: “el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité, lo haga traducir a los idiomas oficiales del Estado parte y le dé amplia difusión”.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: Agencias