Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 01 de enero de 2020
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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La matanza en el hotel Las Américas (2009); terrorismo y sedición (noviembre de 2019); y usurpación de funciones (diciembre de 2019) son las tres demandas penales interpuestas en contra del expresidente Evo Morales.
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Las causas fueron admitidas y se encuentran activas, después de la presentación de las denuncias ante el Ministerio Público.
En el caso del hotel Las Américas, el martes la Fiscalía General del Estado activó el proceso en contra de Morales, Álvaro García
Linera, Juan Ramón Quintana, Gabriela Montaño, Alfredo Rada, Hugo Moldiz y Reymi Ferreira, entre otros funcionarios, por la comisión del presunto delito de suplantación de pruebas, en el caso que data de 2009.
En un principio, la denuncia fue presentada hace cinco años por el coronel del Ejército Germán Rómulo Cardona, pero la Fiscalía archivó el caso, hasta que hace unos días el militar volvió a presentar la denuncia.
El jefe militar reveló que el gobierno de Morales ordenó el uso de armamento que estaba en custodia de la Octava División del Ejército, en Santa Cruz, para que se haga pasar como pruebas del supuesto caso terrorismo.
En el operativo organizado por un “grupo de élite” de la Policía y el Ejército murieron tres extranjeros, acusados de terrorismo, pero las circunstancias de sus decesos no fueron esclarecidas.
La segunda demanda corresponde a los delitos de alzamiento armado, sedición, instigación a delinquir y terrorismo que se presume Morales cometió luego de su renuncia a la Presidencia.
La causa se basa en la grabación de una conversación telefónica entre Evo y el dirigente prófugo Faustino Yucra, a quien el líder del MAS le dio indicaciones para bloquear los caminos y dejar a La Paz sin alimentos.
Por último, la tercera demanda penal corresponde al caso de usurpación de funciones, un delito por el cual Morales es acusado de haber cometido al inaugurar una obra vía telefónica en el departamento de Tarija, desde su refugio en Argentina.
El abogado Omar Durán informó que interpuso el martes una demanda penal en contra del exmandatario por haber entregado un mercado en el municipio de Entre Ríos, de la provincia tarijeña de O’Connor, en desconocimiento de las autoridades constitucionales en funciones.
“La querella es contra el expresidente Morales y el subgobernador de la provincia O’Connor, de Tarija, Wálter Ferrufino, por los delitos de usurpación de funciones, sedición y otros”, dijo.
Durán sustentó esa demanda en el Decreto Supremo 138, referido a la comisión de los delitos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, que el propio Morales promulgó durante la gestión 2009.
La demanda fue interpuesta ante la Fiscalía de La Paz, como establece esa normativa. Morales y Ferrufino desconocieron la autoridad de la presidenta Jeanine Añez, subrayó el jurista.
Morales se encuentra en Argentina, en calidad de refugiado, desde el 12 de diciembre.
En 10 años, la Fiscalía no pudo probar los actos de terrorismo
En 10 años de investigación, el Ministerio Público no logró probar que hubo actos terroristas o separatistas por parte de los ciudadanos extranjeros que murieron acribillados dentro del hotel Las Américas, de Santa Cruz, el 16 de abril de 2009.
El 20 de febrero de 2015, el coronel Germán Rómulo Cardona entregó un documento “ultrasecreto” al Comando Militar del Ejército, en el que señalaba que las armas supuestamente utilizadas por los “terroristas” fueron requisadas en casos delictivos anteriores y después fueron entregadas a “personeros del Gobierno” por el comandante de la Octava División de Ejército.
El entonces ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, calificó a Cardona de “esquizofrénico” por presentar la denuncia, que coincidió con peritajes independientes y la versión del fiscal del caso, que indican que las pruebas fueron “sembradas”.
El militar fue dado de baja por presentar la denuncia y tuvo que solicitar refugio político en España, porque en Bolivia, aseguró, intentaban asesinarlo.
Cardona regresó al país después de la renuncia de Morales y presentó el 19 de noviembre, por segunda vez, su denuncia ante la Fiscalía, que determinó investigar al exmandatario, sus colaboradores, al comandante general del Ejército de la época del suceso, Juan Carlos Mendizábal, y a Raúl, el hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera.
El Ministerio Público solicitó al Comandante del Ejército la certificación en la que conste el destino actual y los datos personales actualizados de al menos 16 militares que tuvieron conocimiento de la supuesta irregularidad que denunció Cardona, por el operativo de élite que acabó con la vida de los tres ciudadanos extranjeros, en 2009.
