Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, fueron quienes presentaron las quejas de conformidad con el Protocolo facultativo al Pacto internacional de derechos civiles y políticos, ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (NNUU), quien hace dos días concluyó a favor de ellos.

Ambos fueron inhabilitados con base en la Circular 71/2014, emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Dicha circular establecía que los asambleístas nacionales (senadores y diputados) del periodo legislativo 2010-2015 no podrían postularse a varios cargos municipales y regionales, incluidos los de alcalde/sa.

Acciones. Delgado aseveró que es el exprocurador, ahora ministro de Justicia, Héctor Arce, quien debe determinar quiénes son los responsables y, de esa manera, responder a la petición de las Naciones Unidas.

Los siete vocales que firmaron esa resolución fueron Dina Chuquimia, Fanny Rivas, Marco Ayala, Irineo Zuna, Wilfredo Ovando, Wilma Velasco y Ramiro Paredes.

En tanto, el diputado del MAS, Víctor Borda, afirmó que el dinero que desembolse el Estado boliviano, como sanción por habérsele violado los derechos civiles y políticos de Rebeca Delgado, puede ser reembolsado por los exvocales del Órgano Electoral que tomaron la decisión.

Ninguno de los exvocales electorales se han manifestado sobre el tema.

Posición. Maldonado, a través de su cuenta de Twitter, saludó el dictamen de las Naciones Unidas y resaltó que se hizo justicia.

Mientras que Delgado anunció que la siguiente semana se reunirá con Maldonado y sus equipos jurídicos para definir el monto económico que debe ser resarcido por el Estado.

Aseguró que lo más importante del fallo de las Naciones Unidas no es el resarcimiento económico, sino que se deja un precedente internacional para que el Estado boliviano no vuelva a vulnerar los derechos civiles y políticos de ninguna persona.

Conclusión. Según el Comité, la inhabilitación de los exparlamentarios constituyó una “restricción a sus derechos políticos que no se basó en criterios razonables y objetivos claramente previstos por la ley, en violación del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. También dispone que Bolivia debe proporcionar a Delgado y Maldonado una compensación adecuada, que incluya los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional. Conminó el Estado Boliviano a pagarle a Maldonado un resarcimiento económico “adecuado” que cubra, al menos, sus gastos de representación legal nacional e internacional en un plazo no mayor a los 180 días.

Ambos fueron inhabilitados como candidatos a alcaldes de sus respectivas ciudades Maldonado en Potosí y Delgado en Cochabamba, en las elecciones subnacionales de 2015.

2014 Año
En que salió la circular y fueron afectados los exlegisladores.