La CIDH mediante su Resolución 67/2019 solicitó al Estado boliviano adoptar medidas para proteger el derecho a la vida e integridad de ambas personas, además de garantizar que desempeñen sus actividades "sin que sean objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia".

Asimismo, le pide que acuerde las medidas a adoptarse con ambos beneficiarios de la medida de protección y sus representantes, e informe sobre las acciones a ser adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar.

Por ello, la Defensoría del Pueblo solicitó que, a la brevedad posible, se pueda señalar día y hora de reunión con las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo para el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH.