Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 01 de enero de 2020
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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La presidenta Jeanine Áñez remitió ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto que modifica la Ley 026 de Régimen Electoral, que establece el debate público y obligatorio entre los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país en el marco del proceso preelectoral.
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“Mediante esta propuesta de ley, el Gobierno constitucional que presido quiere apoyar una vez más al fortalecimiento de la democracia informada, por esa razón este proyecto de ley propone el debate obligatorio entre candidatos”, dijo la mandataria en un acto que se realizó en Palacio de Gobierno.
La iniciativa contempla que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sean las encargadas de organizar el intercambio de ideas, que será transmitido en vivo y directo de forma obligatoria por todos los medios estatales.
El texto, que deberá ser analizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, establece que se realizarán los debates 10 días antes de los comicios y cinco días en caso de una segunda vuelta.
El proyecto establece que el Tribunal Supremo Electoral tendrá acceso a las grabaciones de los debates transmitidos, para su publicación en la página digital.
A tiempo de presentar el proyecto, Áñez criticó que en los pasados comicios, anulados por irregularidades, manipuladas a favor del MAS, solo uno de los candidatos buscaba debatir y recordó que Evo Morales lo rechazó de forma constante. “No le interesaba el voto informado”, cuestionó.
Áñez destacó que esta es una norma necesaria para la democracia boliviana y los bolivianos “tenemos derechos a participar y supervisar los procedimientos para el ejercicio de la democracia. “Cuando los candidatos presidenciales acuden con transparencia a debatir, están demostrando su carácter democrático y su transparencia”, indicó.
Personería jurídica del MAS
El Tribunal Supremo Electoral comunicó que el lunes se analizaron dos memoriales y una nota recibida en las últimas semanas, planteando la cancelación de la personería jurídica del Movimiento al Socialismo y que “por unanimidad, la sala plena del TSE desestimó estas demandas pues ninguna de ellas se adecúa a las causales de pérdida de la personería jurídica de las organizaciones políticas. Las decisiones se tomaron en base a un análisis detallado y fundamentado de la legislación boliviana”.
En este sentido, el MAS-IPSP se encuentra legalmente habilitado para participar en los procesos electorales.
