"A nombre de mis hermanos de las naciones mosetén, tsimane, esse ejja, tacana, leco y mi propio territorio, uchupiamona, pido que se respete nuestro derecho a ser escuchada nuestra voz en contra de los megaproyectos hidroeléctricos Chepete-Bala, que amenazan nuestra existencia y territorios", manifestó la líder indígena Ruth Alipaz Cuqui.

Lamentó además la situación de vulnerabilidad de un pueblo no contactado, probablemente toromona, en el norte del departamento de La Paz. "Exponen a los pueblos no contactados que habitan en esta zona violando todos sus derechos e irrespetando su decisión de vivir en estado de aislamiento voluntario", reclamó.

La indígena denunció que las represas Chepete-Bala provocarán la inundación de 48 comunidades indígenas y campesinas y destruirán más de 771 kilómetros cuadrados de dos áreas protegidas como son la reserva de biósfera Pilón Lajas y el parque nacional Madidi donde habitan más de 5.000 indígenas que serán desplazados de sus territorios. Ambas áreas protegidas están en los departamentos de La Paz y Beni.

"Nuestro Estado Plurinacional, que ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, así como la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas", viola los derechos de los indígenas bolivianos porque no se organizan acciones de consulta previa.

Alipaz recordó que el Gobierno boliviano tiene la obligación de hacer consultas públicas antes de realizar cualquier obra de magnitud en los territorios donde viven indígenas.

En el caso de la hidroeléctrica Rositas, en el departamento de Santa Cruz, denunció que incluso ya existe un contrato para la construcción de la hidroeléctrica sin haberse hecho la consulta ni informar sobre sus impactos al medioambiente. Esa represa inundará 450 kilómetros cuadrados, afectará a tres áreas protegidas y a 500 familias de numerosas comunidades.

Reunión bilateral

En contacto con ANF, Ruth Alipaz dijo que previa su presentación en el pleno del foro sostuvo una reunión bilateral con la relatora especial para las Cuestiones Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, a quien expuso los casos de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

"La relatora especial tiene la facultad de hacer un seguimiento, y si corresponde, emitir una recomendación al Gobierno, que es lo que esperamos. (Mi participación en Nueva york) ya es un gran logro en la búsqueda del hacer respetar que el derecho a la consulta previa, libre e informada para el consentimiento es inviolable".

Según Alipaz, la relatora de la ONU ya tenía conocimiento de la situación en Bolivia. "Pero lo que sí le ha sorprendido son los detalles que le hemos presentado y ha agradecido que le se haya presentado un informe resumido, detallado y sistematizado de la situación. Nos aseguró que la leerá, la analizará y decidirá si corresponde que emita su recomendación", afirmó a ANF.