Medio: ANF
Fecha de la publicación: lunes 30 de diciembre de 2019
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Acoso y violencia política
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Tras ser notificada con la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar medidas cautelares para la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz y el Delegado Defensorial de Cochabamba, Nelson Cox, para garantizar su protección de las agresiones y acoso que estarían enfrentando, la Defensoría del Pueblo pide al Estado boliviano cumplir a la brevedad posible con lo solicitado por la entidad interamericana.
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La CIDH mediante su Resolución 67/2019 solicitó al Estado boliviano adoptar medidas para proteger el derecho a la vida e integridad de ambas personas, además de garantizar que desempeñen sus actividades “sin que sean objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia”.
Asimismo, le pide que acuerde las medidas a adoptarse con ambos beneficiarios de la medida de protección y sus representantes, e informe sobre las acciones a ser adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar.
Por ello, la Defensoría del Pueblo solicitó que, a la brevedad posible, se pueda señalar día y hora de reunión con las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo para el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH.
En su Resolución, la CIDH expresa preocupación porque durante las manifestaciones en contra la entidad defensorial se habrían recurrido a “reacciones verbales con tono agresivo”, con gritos considerados “infamantes a funcionarios de la institución”, buscando generar afinidad política-partidaria de la Defensoría del Pueblo; situación que habría llegado, incluso, al extremo de existir terceras personas armadas en alrededores de la oficina de Cochabamba, según versión de la Defensoría.
La entidad interamericana también advierte que las medidas de seguridad adoptadas por el Estado boliviano no han permitido que los eventos de riesgo cesen, y observa que la situación que afecta a la institución estaría acompañada de una "campaña de desprestigio", por parte de diversos medios de comunicación, sin la existencia de medidas idóneas del Estado boliviano para atenderlas, refiere un comunicado de prensa de la Defensoría.
