“Este dictamen desestima dos pretensiones infundadas que hicieron los peticionarios. En primer lugar que no hubo intromisión por parte del Ejecutivo al Órgano Judicial (…) los funcionarios del Órgano Electoral Plurinacional han actuado debidamente bajo la independencia e imparcialidad y que han gozado de la garantías correspondientes para actuar dentro de sus marcos y atribuciones”, aseguró el procurador general del Estado, Pablo Menacho.

El dictamen en los procesos de ambos afectados, determina que no se evidenció la falta de independencia e imparcialidad del Órgano Electoral Plurinacional y se declara la queja como inadmisible, lo mismo sucede con relación a la supuesta intromisión del Ejecutivo sobre la sala civil primera del departamento de La Paz, que resolvió el recurso de Amparo Constitucional que presentó delgado en el 2015.

Por su parte, el diputado Víctor Borda del MAS indicó que la circular que inhabilitó a Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado como candidatos a las alcaldías de Cochabamba y Potosí, respectivamente, fue emitida por el Órgano Electoral y no por el Ejecutivo, por lo que las exautoridades deben responder por estas acciones.

En base a estas explicaciones, el legislador subrayó que en una condena contra el Estado boliviano, este tiene obligación de reparar el daño y de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE) podrá repetir el pago e iniciar una acción en contra de las exautoridades que emitieron esa resolución.

El Tribunal Supremo Electoral emitió, ante presión del Gobierno boliviano, un “Reglamento” inconstitucional para la convocatoria a las elecciones regionales de 2015, donde estableció que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido dos años previos en el lugar donde deseaban postular.

Esto implicó que varios candidatos que fueron diputados y senadores con sede en La Paz durante el período anterior, no pudieron participar.

Posteriormente generó una contradicción en sentido de que los legisladores podían luego ser candidatos en otras regiones. Fue el caso de Carlos Romero, de que pese a haber sido ministro de Gobierno, en La Paz, hasta 2014, se le permitió ser candidato a senador en Santa Cruz en las elecciones de ese año.