El procurador general, Pablo Menacho, realizó unas breves declaraciones respecto al dictamen del el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (NNUU), que conminó al Estado a pagar un resarcimiento económico a Rebeca Delgado, exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), y Eduardo Maldonado, exsenador de ese partido político, por su inhabilitación para los comicios subnacionales del 2015 por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según reporta El Deber, Menacho destacó que los dos dictámenes que dio las Naciones Unidas desestiman que haya habido una injerencia o presión de parte del Gobierno hacia el TSE, como señalaban los demandantes.

“En primer lugar (se desestima) que habría existido injerencia o presión por parte del Ejecutivo, y en segundo lugar los dictámenes han establecido que independientemente de la designación de los miembros del Tribunal Electoral, estos han actuado de forma independiente", explicó la autoridad.

Asimismo, Menacho señaló que el Estado verá “alguna modalidad” para cumplir con el fallo de las NNUU.

"Se va a analizar alguna modalidad de petición de pago", añadió escuetamente.

Además de la compensación económica, el fallo de las Naciones Unidas también establece que “el Estado parte también tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, incluido asegurando que el marco normativo regulador del proceso electoral”.