Guido Ibargüen, abogado especializado en derecho humanos, expresó que “para dar detención preventiva deben cumplirse los siguientes requisitos de manera simultánea: que existan indicios de participación en un supuesto delito, de que exista riesgo de que los sospechosos obstaculicen las investigaciones y que haya riesgo de fuga”.

Ibargüen expresó que “en el caso de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral, especialmente de Antonio Costas y María Eugenia Choque, yo no creo que existan estos riesgos, a diferencia de otros vocales que se dieron a la fuga, y por eso deberían tener el derecho de defenderse en libertad”. Choque fue la presidenta del TSE y Costas, el vicepresidente.

Costas, Choque y otros exvocales nacionales y departamentales fueron acusados por el fiscal general Juan Lanchipa de fraude electoral tomando en cuenta el informe de la OEA presentado el 10 de noviembre pasado. Luego la OEA emitió un segundo informe, el 5 de diciembre, en el que se exculpa a Costas de las acusaciones de la interrupción del TREP y dice que desconocía la existencia del “tercer servidor”, usado para la manipulación de información.

El abogado Ibargüen agregó que algunos exvocales departamentales se han beneficiado con medidas cautelares y ello debería ser un derecho también de los exvocales nacionales, excepto los que se dieron a la fuga.

“La detención preventiva automática no es aceptada por los estándares legales internacionales porque viola la presunción de inocencia. Ni siquiera para los delitos más graves se acepta esta situación de manera automática”, expresó.

El también abogado Gonzalo Mendieta coincidió con Ibargüen en que es inaceptable usar de manera generalizada la detención preventiva y consideró que ésta “muestra el deplorable estado de nuestra justicia, considerando además que quienes encarcelaban antes lo siguen haciendo, pero sin que hubieran rendido cuentas de cómo y con qué subalternos fines lo hicieron antes”.

Mendieta agregó que “los incidentes de la última elección son suficientemente graves como para que se los maneje con alardes de justicia sólo para las cámaras. El informe de la OEA y otros indicios no muestran a Antonio Costas como autor de delitos ni hay elementos para pensar que podría eludir la justicia. Y en el caso de la señora Choque, ella no intentó huir por lo cual defenderse en libertad con las seguridades propias de un proceso mínimamente garantista deberían también beneficiarla”.

El jurista agregó que estos casos no deberían ser definidos mediante una “cuestión de gustos de la opinión pública”, sino de “cómo nos tratamos a nosotros mismos como comunidad”.

El ex Defensor del Pueblo, Rolando Villena, se mostró de acuerdo con que la justicia boliviana abusa de la detención preventiva y no permite, como regla general, que los sindicados puedan defenderse en libertad.

“En Bolivia la presunción de inocencia no se respeta, este derecho está en nuestras normas y en la Constitución, pero prácticamente no se cumple”, agregó.

Específicamente sobre el caso de Costas, Villena dijo que los delitos por los que se lo acusa son graves, nada menos que fraude electoral, pero que éste sigue siendo inocente mientras no tenga una sentencia y que, por lo tanto, no debería haber impedimento para defenderse en libertad.

“Defenderse en libertad no significa que el sindicado es inocente, significa que se sigue un proceso en el que intentará demostrar que no cometió el delito del que se lo acusa” agregó Villena.

Finalmente, el periodista y abogado Andrés Gómez emitió un mensaje de Twitter que señala que “por lo visto hasta ahora, el exvocal del TSE, Antonio Costas, no participó en el #fraudemasista del pasado 20 de octubre”.

Gómez agregó que “si de algo es responsable, es de haber creído en elecciones libres y transparentes en un régimen autoritario. En mi opinión, debe ser juzgado en libertad”.